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domingo, abril 14, 2024
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Corte Suprema analiza inconstitucionalidad de polémico contrato minero en Panamá

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La Corte Suprema de Panamá inició el viernes el análisis de la legalidad del polémico contrato-ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para extraer cobre por al menos 20 años en una zona del Caribe panameño y que ha generado protestas masivas en todo el país.

El máximo tribunal de justicia, integrado por nueve magistrados, se mantendrá reunido hasta resolver dos demandas de inconstitucionalidad del contrato que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 20 de octubre y luego firmado por el presidente Laurentino Cortizo, lo que desencadenó desde entonces concurridas manifestaciones en la capital y en el interior del país.

El contrato permite a la subsidiaria de la canadiense Minera Panamá continuar con la extracción y comercialización de cobre por los próximos 20 años, prorrogable por otros 20, en una mina a cielo abierto levantada sobre una zona rica en biodiversidad al norte del país. Se trata de la mina de cobre más grande de Centroamérica y una de las mayores inversiones privadas en el país canalero.

La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial informó que la sesión de la Corte Suprema había comenzado y mostró imágenes de los nueve magistrados reunidos. Oficialmente no se ha informado cuándo podrían emitir un fallo.

Las protestas han sido lideradas por ambientalistas, educadores, indígenas, obreros de la construcción, jóvenes y movimientos sociales que exigen la anulación del contrato y el cierre de la mina. Los manifestantes advierten sobre los riesgos al ambiente que trae la minería metálica a cielo abierto y consideran que el gobierno dio enormes concesiones a la minera.

Además argumentan que en 2017 un contrato anterior del mismo proyecto minero fue declarado inconstitucional, aunque el Estado no cumplió con el mandato de la Corte. Juristas panameños han aconsejado que para rescindir el nuevo contrato-ley y poder hacerle frente a eventuales demandas por parte de la minera lo más conveniente es que sea declarado inconstitucional. Otros consideran que el contrato puede ser derogado con una ley aprobada por el Legislativo.

La líder ambientalista Raisa Banfield dijo a The Associated Press que el pronunciamiento de la Corte es “el último ápice de confianza a la última institución gubernamental que queda”. Agregó que “sería letal para el Estado panameño que con todo lo que ya nos hicieron el Ejecutivo y el Legislativo en reiteradas ocasiones el Judicial no cumpla con su deber constitucional de restituir el orden jurídico y la paz social”.

Las protestas, que incluyen bloqueos de las principales carreteras del país, han afectado el transporte de mercancías y el suministro de toda clase de productos. El sector empresarial dijo recientemente que las pérdidas superan los 1.700 millones de dólares, una cifra que representa el 2% del Producto Interno Bruto. La agroindustria y los sectores logístico e industrial han sido los más afectados, según empresarios.

fuente: ap

n79

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