Después de que un cártel local de narcotraficantes matara a 20 personas en un municipio del sur de México, entre ellas el alcalde de la localidad, y acribillara el edificio del ayuntamiento, San Miguel Totolapan parecía el jueves un pueblo sin gente.

Sólo los integrantes de los cortejos fúnebres transitaban por sus calles bajo la atenta mirada de decenas de militares que blindaron el lugar tras la matanza del día anterior.

Mientras tanto, muchos vecinos observaban temerosos a través de las ventanas un nuevo ejercicio de poder del crimen organizado en esa zona de producción y tránsito de drogas, una de las más violentas de México.

El Consejo de Seguridad del estado de Guerrero, donde se ubica Totolapan, indicó en un comunicado que civiles armados atacaron a balazos el ayuntamiento en el que el alcalde, Conrado Mendoza, “sostenía una reunión con su equipo de trabajo”. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encontraban Mendoza y su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta.

Los muros del edificio, que en ese momento estaba circundado por un parque de diversiones infantiles, quedaron totalmente acribillados. Sin embargo, vecinos y personal de emergencia que atendió a las víctimas indicaron que el lugar donde fueron asesinados el alcalde y su equipo fue una construcción a varias calles del ayuntamiento, donde dichas personalidades habían sido citadas para una reunión.

Dicho local, visitado por The Associated Press, era el que aparecía con cadáveres en los videos que fueron publicados en redes sociales y detonaron la alarmas. Cientos de casquillos estaban desperdigados por varias calles aledañas al ayuntamiento.

Las familias afectadas iniciaron los entierros de sus seres queridos el jueves por la mañana, al tiempo que circulaba en redes sociales un video en el que los asesinos, que se identificaron como la banda Los Tequileros, se declaraban responsables de la masacre. Otras grabaciones mostraban cómo los atacantes habían bloqueado los accesos a la localidad para retrasar la llegada de las fuerzas de seguridad.

El subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía, indicó que Los Tequileros combaten al cártel de la Familia Michoacana y que se está verificando la autenticidad del video.

“El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”, dijo Mejía. “En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como Los Tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región”.

Totolapan, un municipio extenso con poco más de 50.00 habitantes en una región conocida como “Tierra Caliente” —la cual se extiende entre los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México_, fue controlado durante años por el narcotraficante Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”.

En su única aparición pública conocida, Almonte aparece en un video en 2015 bebiendo con Mendoza padre, entonces alcalde electo. No estaba claro si Mendoza estaba allí por propia voluntad o por la fuerza. En ese video, Almonte parecía estar tan borracho que sus balbuceos eran ininteligibles y uno de sus secuaces lo sostenía para que no cayera de su silla.

En 2016 los habitantes de Totolapan, hartos de los secuestros de Los Tequileros, retuvieron a la madre del jefe de ese grupo criminal para obligar a liberar a los rehenes.

Durante mucho tiempo Los Tequileros se dedicaron al tráfico de goma de opio, que se extrae de los cultivos de amapola de la zona, una de las fuentes de trabajo de muchas comunidades muy pobres de estas montañas de difícil acceso donde proliferan las explotaciones mineras de oro, entre otros metales. Ahora el consumo creciente de fentanilo, un opioide sintético, ha hecho de la amapola un negocio mucho menos rentable. La violencia en Guerrero ha disminuido.

Por otro lado, en un suceso el miércoles en una región cercana pero sin conexión con el ataque de Totolapan, una legisladora del estado de Morelos fue abatida a tiros en la ciudad de Cuernavaca, al sur de la Ciudad de México.

Dos hombres en motocicleta mataron a la diputada Gabriela Marín cuando salía de un vehículo frente a una farmacia.

“No se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político”, dijo Mejía acerca del ataque en el que, según la prensa local, hubo también un herido. Sánchez había asumido su escaño en julio tras fallecer otro legislador “y hubo diferentes litigios conforme a este hecho de asumir la diputación”, explicó el funcionario.

Estos dos crímenes elevaron a 18 el número de alcaldes asesinados durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y a ocho el de diputados estatales, según datos de Etellekt Consultores.

Los hechos tuvieron lugar justo cuando el Congreso debate el proyecto del mandatario de extender las tareas de seguridad de las fuerzas armadas hasta 2028 y se han multiplicado las críticas al poder ejecutivo por la creciente militarización del país.

Suceden también en un momento en que la estrategia de seguridad de López Obrador es objeto de intensos debates por la falta de resultados. El mandatario ha encomendado a los militares toda la responsabilidad para frenar la violencia, en lugar de apostar por reforzar a la policía civil, y ha atribuido la persistente inseguridad a fallas de los gobiernos anteriores.

“Son organizaciones (delictivas) que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno”, dijo López Obrador. “Todavía hay poblaciones (en Tierra Caliente) que protegen a estos grupos, incluso que votan para que actúen como autoridad”.