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sábado, febrero 24, 2024
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Confirma La Corte resolución del INAI que ordena entregar contratos celebrados por el CENACE

Confirma La Corte resolución del INAI que ordena entregar contratos celebrados por el CENACE

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) determinó que es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En contra de la resolución del 30 de noviembre de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al resolver, a su vez, un recurso de revisión en el que se instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a proporcionar copia del escrito presentado ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la denuncia presentada por el desastre ambiental relacionado con la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company.

La Corte determinó que no puede sostenerse el argumento de la Consejería Jurídica

La Corte determinó que no puede sostenerse el argumento de la Consejería Jurídica, en el sentido de que el INAI debió analizar la causal de excepción de seguridad nacional, aun cuando ésta no fue expuesta en su momento por la SEMARNAT.

Lo anterior, al concluir La Corte que correspondía a la SEMARNAT probar y argumentar la actualización de dicha causal, lo que en ningún momento llevó a cabo.

El INAI no puede determinar motu proprio la actualización de causales de reserva no argumentadas por los sujetos obligados

El INAI no puede determinar motu proprio la actualización de causales de reserva no argumentadas por los sujetos obligados, ya que esto sería contrario a las reglas constitucionales y convencionales en materia de acceso a la información, especialmente, a lo establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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