El SAT estima que 12 mil 749 contribuyentes realizan operaciones inexistentes, advierte el senador Rafael Espino

El Sistema de Administración Tributaria ha identificado un total de 12 mil 749 contribuyentes que, se presume, realizan operaciones inexistentes.

Es decir, que emiten comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para ofrecer servicios, producir, comercializar o entregar bienes respaldados por dichos comprobantes.

El senador Rafael Espino de la Peña agregó que algunos de estos contribuyentes se encuentran como no localizados, 2.63 por ciento ha logrado desvirtuar las acusaciones que se les imputan.

95.8 por ciento ha sido definitivamente clasificado como empresas facturadoras de operaciones simuladas y sólo 2.16 por ciento de ellas aún espera una resolución.

Por ello, presentó un punto de acuerdo para que el SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera contra las empresas que facturan operaciones simuladas y las que deducen dichas operaciones.

Demandan al SAT establezca un protocolo de acción con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera

Además, pidió que el SAT publique de manera regular y accesible información detallada sobre el número de procedimientos de fiscalización, casos judicializados, montos de evasión fiscal y cualquier otro indicador relevante contra dichas empresas.

Espino de la Peña refirió que la autoridad tributaria identificó que de 2014 a 2017, el número de empresas facturadoras de operaciones simuladas aumentó seis veces.

Cada una de ellas emitió facturas para aproximadamente 50 empresas receptoras, con un promedio de facturación de cinco millones de pesos para cada una de ellas.

En el documento, Rafael Espino también exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a definir metas anuales específicas sobre casos definitivos, judicializados y montos de recaudación de empresas que facturan operaciones simuladas.

Dichas, dijo, metas deben ser claras, alcanzables y contribuir a la recuperación efectiva de los recursos fiscales.