La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denunció penalmente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz, por la toma ilícita de la caseta de cobro ubicada en la carretera Tijuana-Playas de Rosarito.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 7 de julio, acusando al gobernador y al fiscal estatal de liderar a un grupo de aproximadamente 80 personas para liberar de peaje este tramo carretero, según una copia de la denuncia a la que Newsweek Baja California tuvo acceso.
Ese mismo día, Bonilla firmó un decreto para traspasar la concesión de la autopista federal al gobierno del estado, pero la SCT respondió que éste era ilícito porque violaba la Constitución y diversas leyes federales.
La secretaría también informó en un comunicado que procedería legalmente “por daño, interrupción y deterioro de los servicios que operan en las mismas”.
Horas más tarde recuperó el control de esa caseta con el apoyo de la Guardia Nacional, la Marina y la Armada de México.
Ciudadanos que apoyaron el decreto estatal se manifestaron y algunos fueron golpeados y detenidos el jueves 9 de julio.
“No era necesario esta rudeza, ellos tienen derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado esa decisión… La Secretaría de Comunicaciones, cobardemente, usó a la Guardia Nacional. Y la Guardia cobardemente se prestó para eso”, dijo Bonilla en transmisión vía Facebook.
Info: Newsweek