Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el ejemplo más reciente de las consecuencias de tener a los militares en labores de seguridad en México.

La pequeña, Heidi Mariana Pérez Rodriguez, se sintió mal el 31 de agosto por la noche y una familiar, Griselda Zamora, optó por llevarla a ella y a su hermano de 7 años a un hospital de Nuevo Laredo, una ciudad del noreste de la frontera mexicana, de gran actividad del crimen organizado.

Poco antes de llegar, el vehículo en el que iban fue tiroteado. La pequeña quedó bañada en sangre. Al centro sanitario, donde su madre estaba trabajando esa noche, ya llegó sin vida.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trató de un enfrentamiento entre militares y una banda criminal en el que “se asesinó a una niña en la balacera”. El mandatario dijo el lunes que la Secretaría de la Defensa ya investigaba el caso.

Pero según el activista Raymundo Ramos, que ofreció el jueves una conferencia de prensa en Ciudad de México junto a la familia de la niña y sus abogados, “en ese lugar no hubo un enfrentamiento”, porque no hay impactos de bala en fachadas u otros vehículos, ni videos u otras evidencias de una persecución o tiroteo.

La mujer que manejaba el coche con los niños sólo vio que una patrulla de militares cortaba la calle en un cruce y al girar en ese lugar escuchó los disparos a sus espaldas. Poco después el niño alertó que su hermanita estaba herida, contó Ramos.

El abogado Edgar Netro agregó que las balas impactaron en el techo y el vidrio trasero del vehículo y no en las llantas, por lo cual consideró que el ataque tenía la intención de matar a quien iba en su interior

Este tipo de situaciones, en las que las fuerzas de seguridad disparan a civiles por error o al quedar en medio de un fuego cruzado, han sido relativamente habituales en México en los últimos 15 años.

Organizaciones nacionales e internacionales, incluida la ONU, han insistido durante más de una década de los peligros de la militarización de las labores policiacas porque según dicen las fuerzas armadas no están entrenadas para esos fines y no tienen sistemas de rendición de cuentas adecuados en casos de abusos con lo que suele imperar la impunidad si comenten algún crimen.

Sin embargo, el actual gobierno ha decidido mantener a los militares en esas tareas, con la ley que se discutía el jueves en el Senado y con otras normativas que se presentarán próximamente.

A pocas calles de donde la familia de Heidi pedía justicia y denunciaban la falta de atención por parte de las instituciones oficiales, los senadores guardaron el jueves un minuto de silencio por la niña pero, salvo sorpresas, aprobarán -gracias a la mayoría oficialistas— la propuesta del Ejecutivo de trasladar el mando formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa que ya avaló el Congreso.

La Guardia nació como un cuerpo de carácter civil y así quedó expresamente establecido por la Constitución. Pero casi el 80% de sus efectivos son militares y sus mandos operativos también. Ahora, además, también dependerá formalmente del jefe del ejército.

Los colectivos sociales temen que este cambio consolide la militarización de un país en el que las fuerzas armadas han recibido muchas más tareas en los últimos años y que haya menos transparencia en sus actuaciones por mucho que el presidente insista en que su gobierno no permite ni las violaciones a los derechos humanos ni la impunidad.

Esta semana, Lopez Obrador reiteró que el caso de Heidi “es la excepción, no es la regla” porque el ejército tiene una actuación “responsable”.

Pero las investigaciones contra militares suelen perpetuarse sin respuesta y en algunos casos han llegado a instancias internacionales ante la inacciónd de la justicia en México.

La familia de la niña, las ONG y la oficina de la ONU en México pidieron una investigación urgente, exhaustiva e imparcial sobre el ataque y que no la hagan los militares, sino civiles, es decir, la Fiscalía General de la República.

“Tamaulipas (la esquina noreste de México) es la evidencia más clara de que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no funciona”, dijo el activista Ramos. Ahí se ha desplegado el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la violencia vinculada continúa igual que en otros puntos del país.