La detención y encarcelamiento de tres estudiantes en el occidente de México que intentaron plantar árboles en un terreno que era propiedad del gobierno y que se vendió a un promotor privado generaron indignación entre grupos estudiantiles y cívicos.

Los tres estudiantes fueron encarcelados a principios de esta semana en la ciudad occidental de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, acusados de apropiación ilegal de tierras y de portar armas.

La acusación de portar armas se relaciona con los picos y palas que los tres jóvenes utilizaron para cavar los hoyos donde plantarían los árboles en el terreno durante una protesta que duró semanas en el 2021.

Los estudiantes y los residentes locales quieren un parque en la gran extensión de terreno, no el edificio de apartamentos de lujo previsto por los promotores.

La dureza de los cargos contra Iván Cisneros, Javier Armenta y José Rojas indignó a muchos en Guadalajara.

“El abuso excesivo del poder del estado contra jóvenes que se manifestaron de manera pacífica, y que desde un principio se criminalizó, llegó a niveles peligrosos que hablan de la falta de límites y principios”, escribió César Barba, director de educación superior de la Universidad de Guadalajara, al condenar que “a cualquiera que busque y exija justicia y que se le paga con el encarcelamiento”.

El tema es delicado, porque la gran parcela en cuestión era propiedad del gobierno de la ciudad y se había destinado a un parque público. Pero en 2008, en una transacción poco transparente, se cedió a promotores inmobiliarios a cambio de obras públicas que, según los medios de comunicación locales, nunca se terminaron.

La oficina de los promotores inmobiliarios del terreno de Guadalajara no respondió las llamas ni los mensajes.

Pero la atención se centró rápidamente en Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara, dado el celo de los fiscales en la persecución del caso.

A última hora del lunes, Alfaro publicó un comunicado en el que afirmaba que los cargos estaban justificados, pero que intentaría que los estudiantes quedaran en libertad bajo fianza a la espera del juicio.

“Nadie ha sido detenido por protestar”, dijo Alfaro, señalando que “el terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propiedad privada”.

Pero el grupo cívico Hagamos Jalisco indicó en un comunicado que la protesta de 2021 fue pacífica.

“Su manifestación implicó reforestar el lugar, informar a personas vecinas, acampar en los alrededores y mantener una protesta pacífica”, dijo el grupo. “Posteriormente, fueron desalojadas las personas manifestantes con lujo de violencia y comenzó un proceso legal en su contra”.

Mantener a los estudiantes en prisión hasta que se celebre la vista judicial prevista para finales de esta semana es una medida “desproporcionada, basada en la mentira de presencia de armas”, afirmó el grupo.