La subdirección de seguridad cibernética del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano especializado y encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, está en manos de una persona cuyos estudios profesionales ponen en duda sus capacidades y habilidades para garantizar el mejor desempeño de esta área.
De acuerdo con una serie de documentos en poder de Reporte Índigo, Leonel Fajardo Rosas, quien actualmente funge como subdirector de seguridad cibernética, cuenta con un título de ingeniero automotriz, una carrera que dista mucho de las actividades que tiene bajo su responsabilidad.
Llama la atención, que incluso antes de que se le otorgara el cargo como titular de la sección de ciberseguridad, Fajardo Rosas laboraba en un área completamente distinta a la que hoy se encuentra bajo su responsabilidad, pues se desarrollaba como “Auxiliar de mandos medios” en el “Departamento de mantenimiento y control vehicular” del TEPJF.
Esta realidad que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se da en dos contextos extremadamente complicados para el país: en primer lugar, por ser un año en el que se celebran no solo las elecciones de medio mandato, sino que representan el ejercicio democrático más grande de la historia del país.
Donde de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) estarán en juego 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, 30 Congresos locales y mil 900 ayuntamientos y juntas municipales, entre otros, por lo que se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, 5 millones más que en el 2018.
El estudio “Combatir el cibercrimen en la nueva realidad” de KPMG en México, revela que debido a la crisis sanitaria, las compañías en el país han enfrentado un aumento del 79 por ciento en los ciberataques que reciben, un problema que además del riesgo que conlleva tanto para los usuarios como para la información que se resguarda, alcanza un costo de más de 3 mil millones de dólares al año para el país.
De acuerdo con el documento, la fuga, filtración o robo de información confidenciales durante el año pasado representó 74 por ciento de los riesgos, la interrupción de las operaciones el 57 por ciento, el daño a infraestructura el 27 por ciento y la extorsión el 22 por ciento.
Fuente: Reporte Índigo Digital.