Los periodistas de Kenia en el fuego cruzado de las protestas
En el corazón de la capital de Kenia, mientras los gases lacrimógenos nublaban las calles, la línea entre los periodistas y los manifestantes se difuminó a los ojos de las fuerzas del orden del país.
La ola de protestas contra el gobierno, desencadenada por la oposición a un proyecto de ley de finanzas, se ha convertido en una espiral de violencia, con los periodistas cada vez más atrapados en el fuego cruzado entre la policía y los manifestantes.
El 27 de marzo de 2024, mientras el convoy del líder de la oposición Raila Odinga atravesaba Nairobi, reporteros y fotógrafos lo seguían de cerca, documentando los disturbios contra el gobierno del presidente William Ruto.
A pesar de exhibir sus credenciales de prensa, se encontraron con la hostilidad en lugar de protección. Fuera de la comisaría de Langata, los agentes atacaron, aparentemente en forma deliberada, a los periodistas de The Standard Group con botes de gas lacrimógeno, incluso después de que se identificaran.
En toda Kenia, los periodistas se han enfrentado a brutales agresiones
Esta violenta represión no se limita a Nairobi. En toda Kenia, los periodistas se han enfrentado a brutales agresiones, detenciones arbitrarias y destrucción de sus equipos.
A pesar de tener credenciales de prensa claramente visibles, un agente de policía disparó en la pierna a Catherine Kariuki, periodista del valle del Rift, en la ciudad de Nakuru. El incidente, captado por las cámaras, no dejó lugar a dudas sobre su carácter deliberado, según coinciden organizaciones de periodistas.
El Sindicato de Periodistas de Kenia (KUJ) condenó rápidamente el ataque, exigiendo una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas.
La cruda realidad es que Kenia, con el puesto 102 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), asiste a una grave erosión de la libertad de prensa.
A pesar de la diversidad del panorama mediático del país, muchos medios de comunicación están bajo el control de políticos o personas estrechamente vinculadas al gobierno, lo que fomenta una cultura del miedo y la autocensura.
A medida que continúan las protestas en este país de África oriental, también aumenta la violencia contra quienes se encargan de documentarlas.
La Constitución garantiza la libertad de los medios de comunicación
«Nos oponemos a la censura de los medios de comunicación y a los intentos del gobierno de dictar lo que debe emitirse. La Constitución garantiza la libertad de los medios de comunicación, pero el gobierno interfiere cada vez más», afirma Zubeidah Koome, presidenta del Gremio de Editores de Kenia.
El caso de Kariuki, que sigue sin ser juzgado a pesar de contar con pruebas claras, se ha convertido en un emblema de la crisis general de los comunicadores en su tarea de informar.
RSF ha remitido el asunto a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (Ipoa, en inglés), pero la falta de respuesta no ha hecho sino agravar la preocupación por la rendición de cuentas.
Las amenazas a la libertad de prensa y de expresión en Kenia van más allá de la violencia física.
Han surgido informes sobre amenazas del gobierno de Ruto de cerrar la privada Red de Televisión de Kenia (KTN) después de que emitiera imágenes de manifestantes irrumpiendo en la sede del Parlamento bicameral.
el canal cesó su actividad alegando dificultades financieras en medio de la actual crisis económica
Finalmente, el canal cesó su actividad alegando dificultades financieras en medio de la actual crisis económica.
Sin embargo, fuentes internas sugieren que altos funcionarios de la Autoridad de Comunicaciones ordenaron a los operadores de señales de televisión que desconectaran KTN en un intento claro de suprimir la cobertura incómoda de los medios de comunicación.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se unió a la KUJ en la condena de estas acciones, calificándolas de vergonzoso intento de sofocar la libertad de prensa y negar a los ciudadanos keniatas el acceso a la información.
El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, instó al gobierno keniano a que investigue «la brutalización» contra los periodistas y a que haga rendir cuentas a los responsables.
La reportera parlamentaria Elizabeth Mutuku se hizo eco de estas preocupaciones, al relatar el miedo que ella y sus compañeros sintieron tras ser tachados de criminales por el simple hecho de hacer su trabajo.
«Nuestro mayor error aquel día fue mostrar a los kenianos exactamente lo que ocurrió. A algunos de nosotros nos tacharon de delincuentes y nos dijeron que había investigaciones en curso. Nos quedamos sin saber qué investigaciones están llevando a cabo», declaró.
