Tenaza de Trump y Bukele castiga a los migrantes de Venezuela
Los presidentes de Estados Unidos y El Salvador, Donald Trump y Nayib Bukele, se aliaron, como una tenaza autoritaria y desafiante a los jueces y los derechos humanos, para colocar en una temida cárcel antiterrorista salvadoreña a cientos de migrantes de Venezuela deportados desde territorio estadounidense.
Tres aviones partieron la noche del 15 al 16 de marzo del sur de Estados Unidos hacia el país centroamericano, llevando 261 prisioneros, de los cuales 238 venezolanos: 137 sindicados de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua, y 101 señalados como migrantes irregulares, recientemente aprehendidos.
El resto eran integrantes de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha, una de las organizaciones contra las cuales Bukele lanzó una guerra que incluyó la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), capaz de albergar a más de 40 000 detenidos en duras condiciones.
Bukele ofreció a Trump en alquiler plazas en el temido Cecot -con un régimen criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos- y el gobernante estadounidense aceptó pagarle seis millones de dólares al menos durante el primer año para que retuviese a los deportados venezolanos.
“Esas personas son llevadas a la cárcel de un país donde no cometieron delito, si es que lo hay, en una situación prácticamente de desaparición forzada, pues se les trasladó sin siquiera informar quienes son, y sin que se sepa ante cual juez y justicia quedan para que pueda presentarse un alegato en su defensa”: Marino Alvarado.
“Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros”, explicó Bukele en su cuenta de la red social X esa misma noche, mientras su gobierno divulgaba imágenes de los cautivos ingresando al Cecot.
Avanzaban a duras penas, forzados a agacharse, encadenados de manos y pies, escasamente vestidos y asidos o empujados por gendarmes desde el avión hasta autobuses y luego hasta los pabellones donde eran rapados, afeitados y encerrados en celdas provistas de estrechas literas metálicas.
La inédita operación hace trizas convenciones y prácticas sobre derechos humanos, exhibe sin rubor la dureza de las prioridades y métodos de la política de Washington en el hemisferio y, de paso, agudiza la confrontación que avanza aceleradamente entre los poderes Ejecutivo y Judicial dentro de Estados Unidos.
