Casinos, ley de 1947 y lavado de dinero: México necesita una reforma integral de juegos y sorteos

El reciente bloqueo de cuentas bancarias a 13 casinos en distintos estados del país por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, tras detectar posibles esquemas de lavado de dinero ligados a la delincuencia organizada, volvió a poner en el centro del debate el
papel de los casinos dentro del sistema financiero mexicano.
Para empresarios y actores del sector financiero, el mensaje es claro: mientras la
regulación de juegos y apuestas siga anclada a un marco legal de mediados del siglo
pasado, casinos y plataformas digitales continuarán siendo una puerta de entrada para
capitales ilícitos. “El caso de los 13 casinos no es un hecho aislado, sino la
consecuencia natural de una Ley Federal de Juegos y Sorteos emitida en 1947 que,
pese al crecimiento del juego en línea y de los nuevos medios de pago, solo ha
recibido ajustes marginales, generando zonas grises que el crimen organizado conoce
y explota con precisión”, advierte Pedro Leyva, especialista en sistema financiero y
prevención de lavado de dinero.
En México aún no existe una ley integral que articule, de manera clara y coherente, la
operación de los juegos y apuestas con la prevención del lavado de dinero; para el
sector financiero, esto implica convivir con un segmento de alto riesgo regulado con
criterios parciales, dispersos y, en muchos casos, obsoletos. “Mientras el cumplimiento
antilavado en casinos y casas de apuesta se limite a recabar datos y mandar avisos,
no tenemos controles; tenemos trámites”, advierte Leyva.
Es importante resaltar también que los requisitos normativos tienden a convertirse en
simples trámites administrativos, en lugar de funcionar como controles efectivos para
detectar y contener recursos de procedencia ilícita. En respuesta a este rezago, la
presidenta Claudia Sheinbaum ha anticipado una reforma integral a la Ley Federal de
Juegos y Sorteos, con el objetivo de incorporar por primera vez a las plataformas de
apuestas digitales, revisar a fondo el esquema de permisos y robustecer la supervisión
sobre casinos físicos y apuestas en línea, cuyo crecimiento se ha acelerado de
manera significativa en los últimos años.
El problema no es solo la antigüedad de la ley, sino la forma en que se fragmenta la
responsabilidad entre autoridades que no siempre se coordinan. Mientras la Secretaría
de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, otorga y
supervisa los permisos con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Secretaría
de Hacienda —mediante la UIF, el SAT y la CNBV— concentra las facultades en
prevención de lavado de dinero. Esta división, sin una coordinación operativa
suficiente, genera zonas grises y vacíos de información que impiden contar con un
sistema verdaderamente integrado, de modo que el Estado no siempre identifica a
tiempo operaciones incongruentes ni cierra de forma eficaz los espacios que permiten
a estructuras ilícitas ocultarse detrás de casinos formalmente autorizados.
“Hoy, la autoridad que da el permiso al casino no es la misma que monitorea en tiempo
real el riesgo de lavado de dinero. Si no cerramos esa brecha, podemos seguir
teniendo casinos con licencia en regla, pero operando como nodos de una red de
lavado trasnacional. La reforma tiene que conectar los puntos y dejar de trabajar en
silos”, señala Leyva.