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Pozos ilegales en Querétaro dejan sin agua a comunidades

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Pozos ilegales reabiertos en Querétaro provocan desabasto de agua

La crisis hídrica en Querétaro se agrava: pozos clausurados por autoridades federales fueron reabiertos ilegalmente en Ezequiel Montes y Cadereyta, operando sin control para abastecer pipas, mientras comunidades reportan baja presión y falta total de agua.

La extracción ilegal de agua en Querétaro ha reactivado pozos previamente clausurados por la autoridad federal, generando desabasto en comunidades de Ezequiel Montes y Cadereyta. Los sitios operan sin restricción, abasteciendo pipas con fines comerciales, pese a antecedentes de sanciones.

Contexto del problema hídrico

El punto más crítico se ubica en el rancho Las Brisas, en Ezequiel Montes. Ahí, dos pozos con concesión agrícola fueron utilizados para venta de agua.

En septiembre de 2025, un operativo de Conagua, Ejército y Guardia Nacional derivó en su clausura por extracción ilegal. Sin embargo, meses después, los sellos fueron violados.

Qué está ocurriendo actualmente

Durante recorridos recientes:

  • Sellos federales rotos
  • Infraestructura activa
  • Flujo constante de pipas
  • Operación sin supervisión

Un caso similar ocurre en Cadereyta, en la carretera federal 120, km 43, dentro de una chatarrera donde también opera una “garza” de llenado.

Impacto en las comunidades

Vecinos reportan:

  • Caída en la presión del agua
  • Interrupción total del suministro
  • Extracción continua día y noche

“Nos están dejando sin agua… ya no llega a nuestras casas”, denunció Juan Carlos Ortega, habitante afectado.

El caso evidencia:

  • Violación de sellos federales
  • Posibles delitos adicionales
  • Falta de vigilancia institucional
  • Mercado ilegal del agua en expansión

Qué sigue ahora

Habitantes advierten que, sin intervención inmediata, la tensión social podría escalar. Las denuncias ya fueron presentadas, pero acusan falta de respuesta efectiva de autoridades.

En un escenario de estrés hídrico nacional, este caso refleja un problema estructural: la incapacidad para controlar la explotación ilegal del agua, incluso con antecedentes documentados.

El problema no es solo la extracción ilegal, sino la permisividad. Mientras el negocio del agua crece sin control, comunidades completas enfrentan escasez. La pregunta ya no es si hay crisis, sino quién la está permitiendo.

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