El fiscal general de Guatemala pidió el lunes al gobierno que actúe contra manifestantes en su mayoría pacíficos, que han salido a las calles durante semanas exigiendo su renuncia por lo que consideran claros intentos de socavar la democracia de su nación.
Las protestas estallaron en Guatemala hace dos semanas luego de una de las elecciones más tumultuosas en la historia reciente del país. Las protestas están alimentadas por acusaciones de que la Fiscal General Consuelo Porras ha intentado impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asumiera su cargo en enero.
Desde que surgió como contendiente político a principios de este año , Arévalo –un outsider progresista que desafía a la élite que durante mucho tiempo ha controlado la nación centroamericana– y su partido Movimiento Semilla han enfrentado oleadas de ataques legales. Esos sólo aumentaron cuando ganó las elecciones del país en agosto.
Los ataques incluyeron redadas en instalaciones electorales y la suspensión del partido político de Arévalo, lo que efectivamente obstaculizó su capacidad para gobernar.
Tales medidas contra el líder entrante llevaron a grupos indígenas y habitantes de zonas rurales –durante mucho tiempo privados de sus derechos en la sociedad guatemalteca– a convocar una huelga indefinida, que comenzó con 14 bloqueos. Ahora, dos semanas después de las protestas, los bloqueos se han ampliado hasta bloquear más de 80 carreteras en todo el país.
En un video difundido el lunes por la mañana, Porras calificó las manifestaciones en su contra como “ilegales” y pidió a las autoridades despejar por la fuerza las carreteras bloqueadas y permitir nuevamente la libre circulación de personas.
“Quiero expresar mi completo desacuerdo y disgusto” por las protestas, dijo, y agregó que “claramente violan los derechos de todos los guatemaltecos”.
Los manifestantes han sido en gran medida pacíficos, pero su mensaje llega después de algunos incidentes durante el fin de semana. Personas molestas por los bloqueos de carreteras arremetieron con sus coches contra los manifestantes y posteriormente fueron arrestadas por causar daños materiales y atentar contra la vida de los manifestantes.
Porras y otros fiscales han sido sancionados por el gobierno estadounidense y se les retiraron sus visas de entrada, acusándolos de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país.
