Ley de transparencia en Cuba otorga nuevos derechos ciudadanos
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, inédita en Cuba, brindará derechos a la ciudadanía a la hora de reclamar información a las instituciones gubernamentales, tras décadas de desamparo legal ante el secretismo y los vacíos comunicacionales.
Aprobada en julio durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento local, la norma regula la transparencia y el derecho a la información pública, bajo principios de calidad, celeridad, gratuidad, inclusión y no discriminación, publicidad y responsabilidad.
La nueva ley de transparencia, que entrará en vigor en enero de 2025, “tributará a la reducción de la corrupción administrativa y el soborno, a crear instituciones eficaces y transparentes, así como a proteger las libertades fundamentales», apuntó el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez, ante el plenario del cuerpo legislativo.
“Se estaba esperando desde hace muchos años. Cualquier información debería ser transparente. Es lo ideal”, dijo a IPS la informática Claudia Hernández, de 55 años.
La nueva legislación también obligaría a las entidades rendir cuentas de sus funciones públicas
Además de estipular las garantías del derecho a las personas de solicitar y recibir del Estado información “veraz, objetiva y oportuna”, la nueva legislación también obligaría a las entidades rendir cuentas de sus funciones públicas, sin que medie una solicitud.
“Por muy buena que esté la ley, no llegará feliz término sin cambiar los modelos de gestión de la prensa en Cuba, los cuales tienen que transitar obligatoriamente por un nivel de autonomía mayor, para que la prensa haga un servicio público y se deba a la población”: Carlos Fernández.
Asimismo, considera excepciones para el acceso ciudadano la información clasificada o limitada y hechos que, de divulgarse, “constituyan un daño, peligro, afectación o violación” para la soberanía, defensa y seguridad nacionales, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medioambiente.
Especialistas concuerdan en que, a través de la implementación de políticas y marcos normativos y el uso de tecnologías de la información y la comunicación, es posible avanzar hacia una mayor transparencia gubernamental y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
