Declaratoria por la Certidumbre y la Confianza en México
México atraviesa un momento decisivo. La competencia global por capital, talento e inversión es cada vez más intensa, y los países que logran atraer crecimiento sostenido no son los que más anuncian cambios, sino los que garantizan estabilidad, reglas claras y confianza institucional.
Reconocemos los esfuerzos orientados a detonar inversión pública y fortalecer el desarrollo nacional. Sin embargo, la inversión —especialmente la privada— no se decreta: se construye. Depende de la certeza jurídica, de la solidez del Estado de Derecho, de instituciones confiables y de un entorno regulatorio predecible.
La acumulación de cambios normativos en años recientes ha generado cautela en los mercados. En este contexto, abrir un debate de reforma electoral implica introducir un nuevo factor de incertidumbre política y jurídica en un momento en el que el país requiere exactamente lo contrario: estabilidad.
No se trata de oponerse a la evolución institucional. Se trata de entender el momento histórico. Cuando el crecimiento es débil, la productividad enfrenta retos estructurales y la prioridad nacional debe ser atraer inversión y generar empleo formal, cualquier modificación que altere las reglas del juego político-electoral envía señales de duda al interior y al exterior del país.
La confianza es el activo más valioso de una economía. Y la confianza se sostiene en la previsibilidad.
Hoy México necesita consolidar, no experimentar. Necesita fortalecer lo que funciona, no abrir frentes que polaricen o generen cuestionamientos jurídicos innecesarios. La estabilidad política es condición indispensable para el crecimiento económico.
Por ello, sostenemos con claridad:
La mejor reforma electoral en este momento es que no haya reforma.
Porque sin confianza no hay inversión.
Sin inversión no hay crecimiento.
Y sin crecimiento, no hay bienestar para las familias mexicanas.
