Edomex asegura 53 anexos irregulares y refuerza control de centros de rehabilitación
El Gobierno del Estado de México puso en marcha una estrategia integral para regularizar centros de rehabilitación contra adicciones, que derivó en el aseguramiento de 53 inmuebles y la supervisión de 94 establecimientos en la entidad.
La medida busca garantizar atención digna, prevenir delitos y ordenar la operación de los llamados “anexos”.
Operativos y aseguramientos
Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron inspecciones en centros con funcionamiento presuntamente irregular.
Resultados principales:
- 94 centros inspeccionados
- 53 inmuebles asegurados
- 29 en Ecatepec
- 24 en Naucalpan
- Participación de fuerzas federales, estatales y municipales
Las acciones fueron coordinadas por la Fiscalía del Estado de México, que tomó control de los espacios detectados con irregularidades.
Atención a personas internadas
Uno de los puntos clave fue la situación de las personas alojadas en estos centros:
- 1,599 personas identificadas
- 1,518 reintegradas con sus familias
- 80 canalizadas a centros regulados
- 1 externamiento voluntario
Las autoridades señalaron que se priorizó el respeto a los derechos humanos durante todo el proceso.
Qué busca la estrategia
La política impulsada por el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez tiene como ejes:
- Verificación y regularización de centros
- Certificación en modelos de atención
- Cumplimiento de normas sanitarias y de protección civil
- Prevención de conductas delictivas
Además, se contempla acompañar a centros que no han sido inspeccionados para facilitar su regularización.
Enfoque: salud y seguridad
La estrategia combina dos dimensiones:
- Salud pública: tratamiento adecuado de adicciones
- Seguridad: evitar que estos espacios operen fuera de la ley
Dependencias como Salud estatal, Protección Civil, DIF y comisiones de búsqueda participan en el proceso.
La intervención en anexos en el Estado de México abre un debate necesario: cómo garantizar atención digna sin criminalizar a quienes buscan rehabilitación. El éxito de la estrategia dependerá de su capacidad para equilibrar regulación, derechos humanos y acceso real a tratamientos efectivos.
