(AP) — Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México cerraron el martes su trabajo en el país denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, sale del país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Sin embargo, consideró que el informe ofrece nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos” que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales.
“Se hace imposible continuar”, aseguró Beristain. Pero dijo que los padres, que les escuchaban casi entre lágrimas, les pidieron que contaran todo con la esperanza de que la nueva información, ya entregada a la Fiscalía y al presidente, tenga consecuencias.
“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar al a verdad”; hay riesgo de “que la mentira se institucionalice como respuesta”, agregó Beristain. Todo ello a pesar de que durante esta administración hubo un compromiso presidencial para esclarecer el caso.
El informe, que cruza análisis de telefonía con documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos, afirma que la Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.
Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes porque encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar.
También hallaron fotos de otros detenidos vivos siendo interrogados, que luego no fueron puestos a disposición de las autoridades y cuyo paradero no se conoce. Estas presuntas violaciones graves de derechos humanos fueron corroboradas por un testigo protegido.
