El Gobierno Federal ha dado un paso más en el avance del megaproyecto del Tren Maya, publicando tres nuevos decretos para la expropiación de terrenos estratégicos. Estas acciones tienen como objetivo principal destinar dichas superficies a la construcción de infraestructura ferroviaria y obras complementarias esenciales para el desarrollo del proyecto. La continuidad de estas adquisiciones subraya el compromiso de la administración con la finalización del Tren Maya en los plazos establecidos.
Los predios afectados por estos nuevos decretos se localizan en puntos clave de los estados de Campeche y Yucatán, dos de las entidades por donde atraviesa la ruta del tren. Específicamente, las expropiaciones se realizaron en los ejidos de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón, Campeche; así como en Dzununcán, ubicado en Mérida, Yucatán; y San Antonio Poxilá, en el municipio de Umán, también en Yucatán. La suma total de las superficies expropiadas asciende a más de 19 hectáreas, un espacio considerable que será vital para el despliegue de las vías y las estructuras de apoyo necesarias para la operación del ferrocarril.
Detalles y Compromisos en las Expropiaciones
Cada uno de los decretos publicados detalla la necesidad de estos terrenos para fines de utilidad pública, específicamente para el desarrollo y construcción de la infraestructura del Tren Maya. Es importante destacar que, como parte de este proceso, la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., entidad encargada del proyecto, tiene la obligación legal de asegurar el pago de las indemnizaciones correspondientes a los propietarios de los predios.
Estos pagos deben realizarse conforme a los avalúos oficiales emitidos por las autoridades competentes, garantizando una compensación justa. Además, se establece que todos los montos de las indemnizaciones deben ser cubiertos antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) proceda a ejecutar la ocupación física de los terrenos. Este procedimiento busca asegurar la transparencia y el cumplimiento de los derechos de los ejidatarios y propietarios afectados, mientras se avanza con la construcción de una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país en el sureste.
