El Congreso de México avaló finalmente la ampliación hasta el 2028 de la presencia de las fuerzas armadas en las calles para realizar labores de seguridad pública, pese a las críticas de organizaciones humanitarias y opositores que consideran que la iniciativa profundizará la militarización del país y representa un retroceso en materia de derechos humanos.

Previamente aprobada por el Senado, la mayoría de la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma constitucional que extiende de 5 a 9 años la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, un tema espinoso en un país donde militares y marinos comenzaron a realizar labores policiales y combatir el crimen organizado desde 2006 en medio de llamados de que solo se hiciera de manera temporal.

Durante los 17 años que las fuerzas armadas han cumplido labores de seguridad públicas se han visto involucradas en numerosos casos de violaciones de derechos humanos, lo que ha llevado a diferentes dependencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias a exhortar al gobierno mexicano a regresar a los militares a los cuarteles.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar al poder, era un crítico de la presencia militar en las calles y prometió que de ganar la presidencia los regresaría a sus cuarteles. Eso no ocurrió y, al contrario, el mandatario ha encargado a las fuerzas armadas varios proyectos no relacionados con su labor castrense, como construir un nuevo aeropuerto y un tren turístico.

Por ser una reforma constitucional, ahora debe ser avalada por más de la mitad de los Congresos estatales antes de ser promulgada por el Ejecutivo.

Sin sorpresas y tras un maratónico debate que se prolongó por ocho horas, la cámara baja aprobó la reforma a la medianoche del miércoles, con 339 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones

La mayoría del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logró, con el apoyo de sus aliados y varios diputados de la oposición, los votos necesarios para modificar un artículo transitorio de la Constitución, vigente desde el 2019, que establecía que los militares debían permanecer fuera de los cuarteles hasta el 2024.

Como parte de la reforma se acordó la creación de un fondo permanente, que se activará a partir del próximo año, para fortalecer las policías estatales y municipales, y se estableció que el Ejecutivo deberá presentar al Congreso un informe semestral sobre el desempeño de los militares en las labores de seguridad pública.

La iniciativa de reforma fue impulsada por López Obrador quien luego de años de defender que los militares debían retornar a los cuarteles cambió de posición alegando que se requería que las fuerzas armadas continuaran en labores de seguridad pública para hacer frente a las organizaciones criminales que mantienen azotadas para varias regiones de México.

López Obrador negó el jueves que la iniciativa represente un avance en la militarización de México, como sostienen organizaciones humanitarias y opositores, y alabó el apoyo financiero que se dará a las policías estatales y municipales, que según algunos analistas se han debilitado en los últimos años en particular durante la actual gobierno que se inició en el 2018.

Muchas fuerzas policiales locales operan en condiciones precarias y sin equipamiento adecuado lo que las ha dejado a merced de las poderosas organizaciones criminales. De acuerdo a cifras de la organización local Causa en Común — que investiga e impulsa políticas públicas en materia de seguridad — en lo que va del año han sido asesinados en México al menos a 328 policías.

Al respecto Magda Ramírez, investigadora de la organización civil México Evalúa, afirmó que muchos policías en el sur y sureste del país ni siquiera cuenta con uniforme y debe usar camisetas blancas y botas que se compran por su cuenta. “No hay recursos…, ni siquiera para lo mínimo indispensable como son los chalecos”, agregó.

Durante el sexenio de López Obrador ha entregado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, el manejo de las aduanas y aeropuertos, y hasta la distribución de vacunas

Amnistía Internacional México y el Comité de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la universidad de la ciudad occidental de Guadalajara expresaron el jueves preocupación por la ampliación de la permanencia de los militares fuera de los cuarteles, y plantearon que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos y no soluciona el problema de inseguridad del país.

A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional, que el mes pasado pasó al control del Ejército, y otras fuerzas militares en diferentes estados del país, la inseguridad en México no se ha podido reducir.