(AP) — Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante.

Y los migrantes lo descubren nada más llegar al principal punto de entrada en el sur de México, la asfixiante ciudad de Tapachula, donde no hay trabajo ni oportunidades pero sí miles de extranjeros ansiosos por seguir su viaje al norte y trámites burocráticos que se extienden durante meses.

Con el constante aumento del flujo migratorio se han multiplicado en el país los abogados e intermediarios dispuestos a aprovechar la situación y proporcionar documentos o asesoramiento a aquellos migrantes que pueden permitirse pagar y no quieren arriesgar sus vidas hacinados en un camión rumbo a Estados Unidos.

En casi dos docenas de entrevistas con The Associated Press, migrantes, funcionarios y ex agentes migratorios describieron una red que opera en los límites de la legalidad, que coopera y, a veces, soborna a servidores públicos de un área con una gran corrupción enquistada, y que, en ocasiones, trabaja directamente con los coyotes o traficantes de personas.

El negocio no es nuevo pero la estrategia de México durante el último año, de administrar el imparable número de llegadas facilitando ciertos permisos sin criterios claros, ha alimentado estas redes prestas a acelerar trámites o revertir una detención por unos cuantos cientos de dólares.

El resultado es un negocio en auge y difícil de controlar.

Permisos de tránsito, visas temporales, todo está disponible por un precio. Y aunque son documentos legales eso no impide que puedan ser destruidos en algún punto de la ruta o que el migrante sea detenido o devuelto al sur de México debido a una aplicación arbitraria de la política migratoria o a la acción de funcionarios corruptos en cualquier puesto de control.