La diputada Montcerrat Hernández Pérez y el diputado Marco Antonio Mendoza, del PRI, exhortaron al Gobierno de Sinaloa a suspender los trabajos y apertura del acuario “Mar de Cortés”, llevar a cabo una investigación sobre permisos y licencias, así como requerimientos de impacto ambiental.
Explicaron que se pretende inaugurar el acuario en Mazatlán, Sinaloa, que tuvo una inversión de mil 467 millones de pesos para su desarrollo y ha recibido cuestionamientos sobre su legalidad.
En un comunicado, detallaron que, según una investigación periodística la compra de las hectáreas donde se construyó el recinto tuvo un costo de 196.5 millones de pesos a cargo del erario estatal en 2017.
Posteriormente, en 2018 se destinaron 306 millones de pesos más para iniciar la obra y se obtuvieron 586 millones de pesos de fondos federales.
“Estas cifras representan las aportaciones del Gobierno de Sinaloa y el Gobierno Federal. Adicionalmente, los grupos de inversionistas colocaron poco más de 481 millones de pesos y se consiguió un crédito sujeto a los ingresos del nuevo acuario una vez establecido. Las fechas de vencimiento no se conocen”, señalaron.
Respecto a afectaciones al medio ambiente y falta de documentos que sustenten la construcción en esa área, la diputada y el diputado expusieron que en la primera etapa de construcción se edificó el Parque Central para albergar gran parte del proyecto; sin embargo, de acuerdo con el reportaje esto condujo a la contaminación de la Laguna del Camarón en Mazatlán y la detención del ciclo de aves migratorias.
En el mismo sentido, el pasado mes de agosto vecinos de la ciudad de Mazatlán presentaron una demanda colectiva por la contaminación a esta laguna, y de acuerdo con su testimonio el principal problema es que la Laguna del Camarón está recibiendo descargas de aguas residuales sin tratar y está afectando la zona.
Bajo dicho contexto, presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión exhorte al Gobierno de Sinaloa a suspender la apertura del acuario “Mar de Cortés” hasta no conocer un veredicto sobre un posible conflicto de intereses y posibles actos de corrupción.
