Los mexicanos estamos enojados. Entre otras razones porque no somos el centro de las decisiones tomadas por  la autoridad. Cuando queremos quejarnos o buscar apoyo de las instituciones públicas, resulta difícil identificar las responsabilidades de cada orden de Gobierno. En el caso de los municipios, las diferencias pueden ser muy grandes. Por ejemplo, Chilpancingo, Guerrero tiene 17 funciones establecidas en la Constitución federal, mientras que Villa de Durango, Durango tiene 34 derivadas de las leyes locales del estado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) presenta el Índice de Competitividad Estatal 2018. El Estado, los estados y ¿la gente?, así como el Índice de Competitividad Urbana 2018. Califica a tu alcalde: manual urbano para ciudadanos exigentes. Ambos estudios tienen el objetivo de identificar las principales ventanas de oportunidad en la mejora de los servicios públicos en estos ámbitos de Gobierno.

El desempeño de los gobiernos es clave, pues determinará el resultado de la competencia entre estados y ciudades por talento e inversiones. Aquí presentamos los nueve retos que definirán el futuro de nuestros estados y ciudades:

1. Exceso de trámites: ventanillas para la extorsión. La mejora regulatoria se queda en la propaganda, si no reduce la tramitología de estados y municipios. Cuatro de los 10 trámites con mayor percepción de corrupción son responsabilidad absoluta de los municipios. Se debe contar con acceso digital a  una lista clara y completa de los requisitos de apertura y operación de establecimientos mercantiles para reducir las oportunidades de extorsión burocrática que tienen las autoridades locales.

Algunos ejemplo de reglas locales absurdas y ambiguas que dificultan la sobrevivencia de empresas medianas y pequeñas:

•  En  Acapulco, la autoridad municipal debe considerar adecuadas las persianas, cortinas u otros materiales que utilicen los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
•  En Tijuana, para autorizar la operación de salas de masaje, los interesados deben entregar carta de residencia, contar con dictamen favorable de impacto social expedido por la Secretaría de Gobierno, contar con tarjeta de salud y acreditar la mayoría de edad de los empleados.
•  En Chihuahua, la Subdirección de Gobernación Municipal puede suspender las licencias para fotógrafos y videógrafos si, a su juicio, considera que hay una oferta excesiva de dicha actividad.

2. La desigualdad del ingreso se puede medir en el tiempo invertido en el traslado cotidiano de la casa al trabajo. El promedio de una renta mensual en las colonias de las estaciones de la Línea 3 del metro de la CDMX es de 11 mil 898 pesos, mientras que un trabajador de tiempo completo en la capital de la República gana en promedio 7 mil 253 pesos al mes. Para lograr ciudades compactas y equitativas es necesario crear programas de vivienda de bajo precio y bien localizada e impulsar modelos innovadores como la vivienda en renta.

3. La mayoría de los operadores de agua son ineficientes y tienen un diseño institucional que perjudica su desempeño:

• No operan como empresas productivas de carácter paraestatal.
• No cubren sus costos con ingresos propios.
• No son transparentes ni rinden cuentas.
• Las tarifas de agua se determinan con criterios políticos en los congresos locales.

Para ofrecer mejores servicios de agua es necesario crear organismos operadores metropolitanos, así como establecer tarifas que reflejen los costos de operación.

4. Falta de coordinación entre municipios, estados y Federación para afrontar la inseguridad fue uno de los principales problemas asociados al aumento de la violencia. En 2011, el aumento de la violencia en la Comarca Lagunera redujo el crecimiento económico de la región. En 2012, los gobiernos de Coahuila y Durango pusieron en marcha la Policía Metropolitana. Acciones como esta se asocian con una contracción del 82% en la tasa de homicidios de la Zona Metropolitana entre 2011 y 2017. Se requiere la coordinación local para reducir los impactos de la fragmentación administrativa de las zonas metropolitanas del país. Las soluciones a las múltiples crisis de seguridad que coexisten en el territorio nacional dependen de soluciones planteadas desde un conocimiento de los problemas locales. El control territorial que se requiere para reducir los índices de criminalidad solo se puede lograr con policías estatales y municipales profesionales y respetadas.

5. El Ramo 23 genera amplios márgenes de discrecionalidad, ya no solo cubre previsiones salariales, su objetivo inicial, ahora incluso incorpora el “fondo de moches”. Necesitamos que las transferencias federales, como las del Ramo 23, se asignen de forma objetiva, transparente y competida para implementar políticas públicas innovadoras en los estados. Con el fin de evitar la discrecionalidad que permite el Ramo 23 se debe mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las transferencias federales, mediante:

   • Fórmulas de distribución

   • Reglas de operación

   • Criterios innovadores de competencia que reconozcan las asimetrías regionales y los esfuerzos de mejora.

6. Invertir en energías renovables es un buen negocio para los estados y el sector privado. Gobiernos estatales deben estar comprometidos en impulsar la generación de energía limpia y el ahorro energético. Actualmente, México depende de la importación de combustibles, tanto gasolina como gas:

• 50% de la electricidad del país se genera en plantas de ciclo combinado que operan con gas, de acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE)*.
• De 2000 a 2014, la importación de gasolina aumentó 143%  y la de gas natural 880%.

Es necesaria la creación de una agenda de generación limpia para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, el riesgo de desaceleración económica y combatir el cambio climático.

7. La información sobre la empleabilidad de los egresados universitarios debe servir para guiar las decisiones de los estudiantes. El retorno sobre la inversión debe priorizar a las familias mexicanas, no a las burocracias académicas. Usar estadísticas para desarrollar planes de estudio y ampliar la matrícula con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral.

8. Los gobiernos estatales deben generar estadísticas de salud confiables para mejorar los estándares de calidad y satisfacer la demanda de servicios. Las estadísticas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) son deficientes:

• Los datos disponibles tienen un rezago de tres años.
• Dejaron de actualizarse los datos de acceso total a instituciones de salud.
• No existen indicadores de calidad de servicios de salud comparables entre instituciones públicas y privadas.

Es necesario crear una plataforma de indicadores comparables para todas las instituciones de salud.

Hoy, el lugar en que nacemos tiene un enorme peso en determinar el acceso que tendremos a instituciones de salud o, en general, los años que vamos a vivir.

9. Disminuir riesgos de corrupción con herramientas electrónicas en el Gobierno para transparentar y hacer más eficientes las interacciones con los ciudadanos.

El uso de papel no solo complica los trámites, sino que hace casi imposible el trabajo de auditoría. Un ejemplo es el archivo muerto de Tamaulipas, donde en un ejercicio de depuración, el Gobierno reportó el reciclaje de 16 toneladas de documentos solo de su Secretaría de Educación. Si todas las dependencias de los estados contarán con un archivo similar, en México tendríamos 9 mil toneladas de archivo muerto. La digitalización de archivos va a permitir tener gobiernos cuyos gastos sean más fáciles de auditar, cuya gestión interna sea más eficiente y que brinden mejores servicios a los ciudadanos.