Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD anunciaron que en los próximos días presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Poder Judicial de la Nación que eliminó 13 de los 14 fideicomisos que tenía.

En conferencia de prensa, acompañados por diputadas y diputados de sus grupos parlamentarios, sostuvieron que estas modificaciones, promovidas por el Presidente de la República y Morena, vulneran la Constitución y la división de poderes, y pretenden debilitar al Poder Judicial y a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández.

El diputado del PRI Marco Antonio Mendoza Bustamante expuso que los tres grupos parlamentarios alistan una acción de inconstitucionalidad para impugnar el decreto, publicado el 27 de octubre pasado, en el Diario Oficial de la Federación, que reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Los tres grupos parlamentarios hemos trabajado una acción de inconstitucionalidad que será presentada en unos días en contra de este decreto, porque atenta contra diversos principios constitucionales. Hemos planteado en este documento que afecta la independencia del Poder Judicial y la división de poderes; además, vulnera el proceso legislativo, toda vez que se excluyó de la dictaminación y del estudio de la Comisión de Justicia”, señaló.

Asimismo, subrayó, vulnera la seguridad e integridad de los juzgadores y violenta lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que, al extinguirse los fideicomisos, los recursos tendrían que reintegrarse, no a la Tesorería de la Federación, como plantea la reforma, sino en todo caso al propio Poder Judicial.

A ello se adiciona, indicó Mendoza Bustamante, que los fondos a que hace referencia a la reforma están compuestos por contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial, es decir, no se trata de recursos etiquetados por la Cámara de Diputados, sino de recursos autogenerados, por una parte, por el Poder Judicial y por la otra, las aportaciones del personal.

“Esto afecta alrededor de 50 mil trabajadores a nivel nacional del Poder Judicial y el 80 por ciento de éstos, son personal operativo y no altos mandos, como se ha planteado y las aportaciones que el personal operativo ha dado para constituir muchos de estos fideicomisos”, aseveró.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, reiteró que esta reforma es un atropello a la división de poderes; es una más de las muestras para debilitar a las instituciones del país, ejemplo de ello, dijo, es que los efectos del huracán Otis se maximizaron por la destrucción de las instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil y por quitarle recursos a los estados y los municipios.

“Nosotros tenemos muy clara la defensa de la división de poderes y del federalismo, la defensa de las instituciones de los órganos autónomos, y vamos a defender un presupuesto federalista, municipalista, protector de las instituciones”, asentó.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, destacó que los fideicomisos que extinguió la reforma al Poder Judicial no eran para privilegios de las y los ministros, sino para el personal operativo, y “no puedes tú tener un derecho adquirido y que después te lo quiten, es absolutamente inconstitucional.

“Esos fideicomisos no son para privilegios de ministros ni de ministras. No estamos defendiendo privilegios, lujos, miles de asesores, viáticos infinitos que coman con caviar, lo que estamos defendiendo son, por lo menos seis de 13 fideicomisos que fueron compuestos no sólo por recursos del gobierno, sino por aportaciones individuales de miles de trabajadores, no de ministras o ministros, de miles de trabajadoras de base, de honorarios”, apuntó.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, coincidió en que esos fideicomisos no eran para privilegios, sino derechos adquiridos por lo trabajadores de base del Poder Judicial.

“Eran derechos adquiridos, eran ahorros de toda una vida que el Presidente y hoy más que nunca queda claro que, en una venganza política contra la presidenta de la SCJN, Norma Piña, por el simple hecho de ser mujer, ser autónoma y de llevar al Poder Judicial a la autonomía que constitucionalmente tiene, pretenden desaparecer”, manifestó.

Sobre la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la SCJN, los líderes parlamentarios coincidieron en que no fue conveniente su separación del cargo en estos momentos; no obstante, señalaron que será el Senado de la República el que deberá dilucidar cuál es la causa grave que le impide continuar como ministro y avalar o no la renuncia.

Señalaron que este tipo de decisiones más que legales, son históricas y deberán enfrentarlas en el futuro, pues su renuncia se ve contaminada por demostrar que hay una conexión impropia, de alguien que debe ser imparcial, con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Respecto al presupuesto para la reconstrucción de Guerrero, cuestionaron que Morena no tenga voluntad para asignar recursos, pues dinero hay.