Las empresas Carso Energy, Infraestructura Energética Nova (IEnova) y TransCanada, aseguraron que los siete gasoductos se encuentran parados debido a diversos actos de sabotaje y protestas cuya solución se encuentra fuera de su alcance.

Coincidieron en que los costos que ahora debe pagar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron estipulados en los contratos firmados, luego de un proceso de licitación transparente.

En el caso de Carso Energy, filial de Grupo Carso de Carlos Slim, explicó que ganó tres concursos, dos de ellos para operar infraestructura en los Estados Unidos, y el tercero en el norte de México, que en conjunto alcanzan una longitud de 620 kilómetros.

Sin embargo, pese a que ya se adquirió la tubería, todos los equipos, herramientas y materiales necesarios para el tramo final, denominado Samalayuca-El Sásabe, la construcción se ha visto interrumpida significativamente en 16 tramos que suman 86 kilómetros.

La obstrucción, por las protestas de las comunidades por donde atraviesa el ducto, ha retrasado el proyecto por más de un año, generando el encarecimiento de la obra y los gastos financieros.

“Debido a las obstrucciones que frenan la terminación y puesta en operación del gasoducto, procedió la aplicación de las cláusulas 9 y 22 inciso (VII) del contrato que se tiene con la CFE, mismo que formó parte de las condiciones de la licitación.”

Por otro lado, IEnova reconoció que mantiene fuera de operación, desde 2017, uno de los gasoductos que firmó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo el argumento de que la infraestructura fue afectada por “actos de sabotaje”.

El proyecto que se encuentra parado es el ducto Guaymas -El Oro, ubicado entre Sonora y Sinaloa, debido a un conflicto con la comunidad Yaqui, quien acusó tanto a CFE como a IEnova de invadir sus tierras.

La compañía afirmó que todos los proyectos que tiene con CFE le fueron adjudicados al participar en procesos de licitación transparente.

La compañía TransCanada mencionó que los contratos firmados con CFE incluyen previsiones de fuerza mayor que se aplican cuando, cualquiera de las dos partes se ven impedidas para cumplir sus obligaciones, debido a circunstancias imprevistas fuera de su control.

“Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son “multas” ni “subsidios”.”

La empresa dijo recibir con beneplácito la oportunidad de negociar con la nueva administración y la CFE, a fin de en encontrar soluciones a los asuntos que impiden la conclusión de los proyectos.

Durante su conferencia matutina, el presiente Andrés Manuel López Obrador, acusó a diferentes ex funcionarios por trabajar en empresas privadas y fomentar el conflicto de interés.

Uno de ellos fue Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía, quien negó que durante su carrera profesional haya incurrido en algún conflicto de interés, pues asegura se mantuvo apegado la legalidad vigente.

“No se encontrarán, porque no existen, evidencias en contra de lo arriba expuesto. Afirmo que siempre he sido consciente de la necesidad de evitar conflictos de interés, por lo que he cumplido estrictamente con las disposiciones legales.”