La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no incurrió en ninguna falta a la administración pública al haber nombrado a Daniel Chávez Morán como supervisor del Tren Maya, pese a que los hijos del empresario contrataron los servicios profesionales de José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, a través de la empresa KEI Partners.
El Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados políticos el PRI y PRD habían denunciado al titular del Ejecutivo federal por un posible conflicto de intereses, luego que una investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), difundida por Carlos Loret de Mola, ventiló que el hijo de López Obrador rentó junto con su esposa una casa de lujo en Houston, Texas, propiedad de Keith Schilling, exfuncionario de la empresa Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según Pemex, dicha empresa es una de las 4 mil 500 firmas que le prestan servicios y la quinta de 25 que más facturan al año con 7 mil 589 millones de pesos.
Estas empresas han prestado sus servicios desde hace más de 5 décadas y facturan el 50% de las inversiones que se realizan en exploración y producción, es decir, Baker Hughes ha facturado el 2.7% del presupuesto anual de Pemex desde 2014 hasta enero de 2022.
López Beltrán explicó que trabaja como asesor legal de la empresa KEI Partners, una firma dedicada a los inmuebles de lujo en Houston, Texas, y que al igual que su esposa, Carolyn Adams, desconocían que la residencia fuera de un funcionario de una empresa contratista de Pemex.
Al respecto, la SFP precisó que Daniel Chávez Morán no percibe ningún sueldo por su trabajo en el gobierno de México como supervisor honorario del Tren Maya, a la par de que no se encontró ninguna relación indebida entre la administración federal y Grupo Vidanta.
“Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como ‘supervisor honorario’ en el proyecto Tren Maya, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, indicó la dependencia federal.
“No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno federal”, indicó en una tarjeta informativa.
En tanto, la SFP concluyó que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos al gobierno federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren a la empresa KEI Partners y la contratación de José Ramón López Beltrán.
fuente: forbes
