La diputada federal Lorena García Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN, ha lanzado una seria advertencia. Dijo que la reciente aprobación de la Reforma Antilavado es una amenaza directa para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en todo el país. Particularmente, afecta a Querétaro. La legisladora señaló que la nueva ley impone obligaciones excesivas. Muchas pequeñas empresas no pueden cumplirlas. Esto genera una sobre regulación asfixiante.
Entre las nuevas exigencias de la Reforma Antilavado están la implementación de sistemas automatizados de monitoreo. También se exige reportar operaciones sospechosas en 24 horas, incluso si no se concretan. Además, hay auditorías frecuentes y programas de capacitación anuales. No existe acompañamiento técnico o financiero del gobierno. García Alcocer afirmó: “Este tipo de medidas, que podrían ser viables para grandes corporativos, resultan difíciles y asfixiantes para miles de pequeños negocios que ya operan con márgenes reducidos”.
Impacto en la Economía Queretana
Datos del INEGI y de organismos empresariales revelan un gran riesgo en Querétaro. El estado tiene más de 97 mil unidades económicas. De ellas, el 99.4 por ciento son mipymes. Estas generan casi el 60 por ciento del empleo formal en la entidad. Estas empresas han sido clave para el dinamismo económico. Muchas todavía enfrentan desafíos por la pandemia y la inflación. La legisladora cuestionó que la reforma sube los costos operativos. También incrementa la burocracia y expone a las mipymes a sanciones por omisiones involuntarias.
García Alcocer advirtió que imponer las mismas reglas a todos los sectores, sin distinguir capacidad, fomenta la desigualdad. Esto podría llevar al cierre de negocios o su regreso a la informalidad. La legisladora pidió al Ejecutivo Federal no publicar la Reforma Antilavado como está aprobada. Planteó construir un marco legal más equilibrado. Este marco debería considerar esquemas diferenciados por tamaño de empresa. También, estímulos para la profesionalización y apoyo técnico para no comprometer la viabilidad de las mipymes. “Las pequeñas empresas no son enemigos del Estado ni lavadoras de dinero; son el motor de la economía local y deben ser tratadas como aliadas, no como sospechosas”, concluyó Lorena García Alcocer.
