Existe la errada percepción que conducir a altas velocidades es sinónimo de libertad y poder. Pero poco se dice de que esta conducta pone nuestra vida en peligro y la de los demás. Especialmente si estamos en vías urbanas donde no sólo transitan conductores de vehículos motorizados; sino también personas que van a pie o en bici, para quienes, en caso de un siniestro sus efectos pueden ser fatales.

La mayoría de las ciudades de nuestra región sufren de congestión; cuando una vía se encuentra despejada, acelerar y sobrepasar los límites de velocidad pareciera el premio por el tiempo perdido. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo en la siniestralidad vial; a mayor velocidad, aumenta la probabilidad de colisión y la distancia necesaria para detener totalmente el vehículo se incrementa; se aumenta la gravedad de las heridas y la probabilidad de lesiones permanentes y muerte como consecuencia. Es especialmente perjudicial para los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas); que reciben la energía de un impacto directamente en sus cuerpos.

Solemos entonces confiar en nuestras habilidades a la hora de conducir y subestimamos la probabilidad de sufrir un siniestro.

Conducir cualquier vehículo debería ser una actividad lenta, controlada y deliberada. La velocidad no es percibida por nuestros cuerpos ni calculada por nuestros sentidos; pero si hacemos una analogía con la altura, atropellar a un peatón a más de 65km/h seria como si lo empujáramos de un sexto piso.

Por esto el límite de velocidad estándar recomendado para zonas urbanas por la OMS[1] es de 50 km/hora. Así mismo, se estima que una reducción del 15% de la velocidad promedio en una vía, mejora las condiciones de seguridad vial reduciendo en 20% los siniestros con heridos y en 45% los siniestros con fatalidades[2].

La Declaración de Estocolmo[3] hace hincapié en la gestión de la velocidad como herramienta fundamental para reducir riesgos. Si bien, las medidas de infraestructura para gestionar la velocidad son esenciales, es importante ejercer controles de velocidad mientras se mejora la infraestructura existente. Controlar el exceso de velocidad es un mensaje claro a la ciudadanía de que esta conducta es inaceptable por el alto riesgo que representa.

El control de velocidad sistemático y automatizado en puntos fijos o semifijos ha demostrado tener una gran efectividad en la modificación de los comportamientos y la consecuente reducción de víctimas de siniestros viales en países como Francia[4], Australia[5] y España.

En España, por ejemplo, la implementación de estos controles permitió entre 2005 y 2010, salvar más de 5.400 vidas y reducir en un 42% los siniestros de alta velocidad[6]. El objetivo clave no es imponer multas y recaudar recursos, sino incidir en el cambio de comportamiento de los ciudadanos.

Chile lidera la apuesta por un Control Automatizado en la región, a través del Proyecto de Ley que crea el Centro de Automatización de Infracciones de Tránsito (CATI) por el cual se cursarían las infracciones a los propietarios de los vehículos que sean detectados sobrepasando los límites de velocidad mediante una red automatizada de detección electrónica. Dicho proyecto se encuentra en etapa de discusión, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

En Chile, la fiscalización de la velocidad se realiza exclusivamente con capital humano; a cargo de Carabineros de Chile e inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas, en el caso de las plazas de peaje, operación de túneles y en los tramos en que se estén realizando obras de reparación y mantención de caminos públicos. En Chile fallecen en promedio cada año 2.000 personas y más de 55.000 resultan con heridas producto de siniestros de tránsito. La apuesta del CATI es disminuir estas cifras bajo dos principios fundamentales; transparencia, con la instalación de dispositivos de control debidamente señalizados para conocimiento del conductor; y eficiencia, notificando la infracción de manera rápida y oportuna.

Si la apuesta entonces es el control, ¿dónde queda la educación como parte de la ecuación?

La educación es parte del proceso de explicar por qué y para qué de las medidas. Pere Navarro, director general de Tráfico de España, señaló en el evento que, como parte del proceso de educación y comunicación, se instalaron grandes carteles en las inmediaciones de los radares y se creó una página web con su ubicación para consulta de todos los ciudadanos, la sanción entonces dice Pere, más que por exceso de velocidad, ¡es por distraídos! [8]

La experiencia de Chile, en camino a la implementación, nos deja mensajes clave para avanzar en cambios regulatorios; que permitan impactar positivamente y de manera drástica para lograr una movilidad segura; liderazgo e interés político desde el más alto nivel. Y ganar aceptación y credibilidad por parte de la ciudadanía sobre este tipo de medidas; mediante un proceso y comunicación transparente.