Impugnan Sentencia por Desvío en Querétaro
La titular del Órgano Interno de Control (OIC) del municipio de Querétaro, Gabriela Jiménez, informó que la sentencia emitida por el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, relacionada con casos de presunto desvío de recursos públicos durante la administración municipal pasada, ha sido impugnada. Esta resolución inicial ordenaba una reparación del daño por 16 millones de pesos y una inhabilitación por 20 años a dos exfuncionarios. Las irregularidades se detectaron en la operación de programas de apoyo emergente y becas.
Sin embargo, el proceso judicial se encuentra actualmente suspendido. Uno de los implicados obtuvo un amparo, lo que ha frenado momentáneamente la ejecución de las sanciones dictadas por el Tribunal. Este desvío de fondos es un tema de gran preocupación ciudadana.
OIC sin Acceso Total a los Expedientes
Jiménez detalló que el OIC no cuenta con acceso completo a los expedientes de estos casos. La información está bajo resguardo del propio Tribunal, y las investigaciones se iniciaron durante la gestión anterior. “No contamos con la información completa de las resoluciones ni de los argumentos del Tribunal o de la Fiscalía, ya que cada una de estas instancias actúa bajo sus propios procedimientos”, explicó la funcionaria.
Opacidad y Compromiso con la Transparencia
La falta de acceso a los documentos y la suspensión del proceso han generado incertidumbre sobre el futuro de los procedimientos de sanción y la posibilidad real de recuperar los recursos públicos desviados. Además, la ausencia de coordinación institucional para transparentar el estado actual de las investigaciones refuerza la percepción de impunidad.
A pesar de estas limitaciones, el Órgano Interno de Control aseguró que dará seguimiento al caso, dentro de sus atribuciones. Reiteran su compromiso con el combate a la corrupción dentro del gobierno municipal. La lucha contra la corrupción y el desvío de fondos públicos es una prioridad. Mientras tanto, los ciudadanos de Querétaro aún esperan una resolución definitiva que no solo sancione a los responsables, sino que también garantice la reparación total del daño al erario público.
