La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) coordinó un despliegue nacional de inspección y vigilancia para combatir la introducción ilegal de camarón al territorio mexicano. Las acciones interinstitucionales se enfocaron en auditar la legal procedencia del crustáceo, detener el ingreso irregular de mercancía proveniente de economías de no mercado y salvaguardar la competitividad del sector acuícola nacional.
Blindaje interinstitucional en 15 puntos estratégicos
Los operativos se ejecutaron de manera simultánea en 15 sitios estratégicos distribuidos en siete entidades federativas clave para la comercialización y distribución de mariscos:
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Zona Occidente y Bajío: Guadalajara, Zapopan e Ixtlahuacán de los Membrillos (Jalisco); León e Irapuato (Guanajuato).
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Zonas Fronterizas y Portuarias: Tijuana (Baja California), Tapachula (Chiapas) y Mazatlán (Sinaloa).
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Centros de Consumo y Turismo: Ciudad de México y Cancún (Quintana Roo).
El frente de fiscalización conjuntó las facultades de diversas dependencias federales: la Guardia Nacional brindó apoyo de seguridad en los perímetros; la AGACE auditó el correcto cumplimiento de las obligaciones arancelarias y de comercio exterior; mientras que la Cofepris y el Senasica evaluaron las condiciones higiénicas, de inocuidad y la trazabilidad sanitaria del producto.
Protección a la soberanía alimentaria y comercio justo
Durante las inspecciones en los establecimientos comerciales y de almacenamiento, el personal federal verificó exhaustivamente la documentación de importación, las certificaciones sanitarias de origen y el estricto apego a la normatividad pesquera vigente.
De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el objetivo prioritario de estas intervenciones es erradicar las prácticas de competencia desleal derivadas del contrabando. Al regular y vigilar los flujos de importación, el Gobierno de México busca garantizar que las y los acuacultores nacionales comercialicen su producción en un mercado con condiciones dignas y justas, asegurando la viabilidad económica de las regiones pesqueras y fortaleciendo la soberanía alimentaria del país.
