El estricto cumplimiento de los esquemas de fiscalización de recursos públicos, los alcances de la justicia administrativa sobre funcionarios en funciones y las pugnas internas en las bancadas legislativas del occidente del país detonan una severa crisis institucional. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAAM) dictó una histórica sentencia de inhabilitación por un periodo de 20 años en contra del actual diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez. La resolución judicial, emitida de forma oficial este martes 23 de junio de 2026, responde a la acreditación de graves faltas administrativas cometidas durante su desempeño como titular del sector social en el estado, desatando una batalla legal de pronóstico reservado.
Desvío en el programa Beca Futuro y presuntas asociaciones fantasma
Los hechos punibles que sustentan el expediente de responsabilidad administrativa número PRA-0011/2025-I se remontan a la gestión de Barragán Vélez al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) durante el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo. La auditoría forense determinó que el entonces secretario autorizó de forma irregular la dispersión de activos financieros públicos etiquetados para el subsidio de la juventud estudiantil, beneficiando a padrones ajenos a las reglas de operación.
Los hallazgos técnicos e irregularidades financieras confirmadas por el pleno del tribunal se desglosan de la siguiente manera en este 2026:
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Desfalco patrimonial: Distribución irregular de recursos del programa Beca Futuro 2018 por un monto exacto de 5 millones 636 mil 600 pesos.
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Beneficiarios anómalos: El flujo de capital fue asignado de forma directa a 2 mil 24 personas que jamás fueron autorizadas ni validadas por el Comité Técnico del programa.
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Mecanismo de desvío: La entrega de los cheques e incentivos se operó utilizando como intermediarias a presuntas asociaciones civiles que no contaban con existencia legal ni constitución jurídica en los archivos del estado.
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Sanción económica: Además de la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos hasta el año 2046, el TJAAM le impuso una multa resarcitoria de 5.6 millones de pesos para reparar el daño al erario.
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Coautores sancionados: El dictamen alcanza responsabilidades directas contra María Teresa Madrigal Alanís (exdirectora de Desarrollo de la Economía Social) y Gerardo García Ambriz (exdelegado administrativo de Sedesoh).
“Esta resolución fue emitida en primera instancia por la magistrada Swany Peña Reyes, esposa del diputado de Morena, Juan Pablo Celis, legislador con el que hemos sostenido profundas diferencias políticas. Existe una flagrante falta de imparcialidad y un intento de construir una narrativa política en mi contra”. — Dip. Juan Carlos Barragán Vélez.
Contraataque legal y acusaciones de venganza interna
Tras la notificación formal del fallo, el diputado local por Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, emitió un enérgico posicionamiento público donde aclaró que la sentencia del TJAAM no es firme ni definitiva. El representante popular anticipó que recurrirá al juicio de amparo ante la justicia federal para revertir y revocar el fallo, argumentando que el asunto ya había sido juzgado con anterioridad y acusando que el expediente fue reactivado de manera inexplicable como parte de una persecución política operada desde las propias filas de su partido político.
Barragán Vélez calificó de contradictoria la argumentación técnica sobre las asociaciones civiles, señalando que dichas organizaciones recibían subsidios institucionales de manera legal y documentada desde la administración del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa. Al denunciar un conflicto de interés y un sesgo partidista por los vínculos conyugales de la magistrada ponente Swany Peña Reyes con su adversario de bancada Juan Pablo Celis, el legislador michoacano advirtió que no depondrá su agenda parlamentaria, llevando la defensa de su trayectoria hasta las últimas instancias judiciales para limpiar su nombre ante la opinión pública.