El endurecimiento de los esquemas de fiscalización al transporte pesado de largo recorrido, el combate a la fatiga laboral en las tripulaciones de carga y el diseño de políticas públicas que armonicen la seguridad vial con los costos de las cadenas de suministro dominan la agenda legislativa federal. La diputada federal y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, Abigaíl Arredondo Ramos, encabezó una rueda de prensa para urgir una reingeniería estructural en la supervisión del autotransporte de carga de doble articulación (conocido técnicamente como “full”). La propuesta busca mitigar las elevadas tasas de siniestralidad en carreteras federales sin caer en la prohibición total que detonaría presiones inflacionarias en este 2026.
Diagnóstico del sector: Crecimiento de la flota y siniestralidad
Arredondo Ramos desglosó indicadores que evidencian la enorme tracción de la industria logística nacional: entre los años 2000 y 2020, el padrón del autotransporte federal de carga experimentó una expansión masiva, pasando de 388 mil a más de 1.1 millones de unidades matriculadas, las cuales movilizan anualmente un volumen superior a las 500 millones de toneladas de mercancías. No obstante, este dinamismo industrial ha colisionado con severos déficits de seguridad urbana y carretera. Según las métricas del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en un solo año se reportó la participación de casi 24 mil camiones de carga en accidentes, de los cuales más de mil correspondieron a dobles remolques, dejando un saldo trágico de 75 fallecidos y 161 lesionados.
La líder parlamentaria puntualizó que el problema medular del país no radica en un vacío legal, puesto que México dispone de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que delimitan pesos y dimensiones máximas. El verdadero cuello de botella —respaldado por evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— se localiza en la impunidad operativa originada por:
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Fatiga extrema de operadores: Ausencia de dispositivos tecnológicos y bitácoras estrictas que fuercen límites claros de horas de conducción continua.
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Obsolescencia del parque vehicular: Circulación de tractocamiones con más de 15 años de antigüedad y nulos estándares de seguridad activa.
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Omisión en puntos de control: Operación intermitente o nula de las básculas y estaciones fijas de revisión de peso por ejes en las autopistas clave del centro del país.
Agenda de Regulación y Control de Unidades de Doble Articulación (2026)
La propuesta técnica del bloque priista busca reconvertir los sistemas mecánicos de los camiones para prevenir fallas catastróficas en pendientes:
| Eje de Modificación Normativa | Mecanismo de Aplicación Operativa | Objetivo en Seguridad Carretera |
| Limitadores Electrónicos de Velocidad | Dispositivo inviolable integrado al motor | Impedir que el camión supere los 80 km/h |
| Cuerpo Civil de Inspección | Brigadas especializadas y capacitadas | Eliminar la exclusividad regulatoria de la Guardia Nacional |
| Controles Diferenciados | Catalogación como “Unidad de Operación Especial” | Restricción estricta de carriles y horarios de alto riesgo |
| Requisitos Técnicos Obligatorios | Sistemas modernos de frenado y cadenas de acero | Reducir el desprendimiento accidental del segundo remolque |
“No estamos a favor de prohibir los vehículos de doble articulación, ya que una medida de ese tipo incrementaría considerablemente los costos del transporte de mercancías, impactando el precio de la canasta básica de las familias mexicanas y multiplicando los camiones circulando. El derecho a una movilidad segura nos obliga a garantizar que las personas se trasladen sin poner en riesgo su vida. No se trata de crear más leyes, sino de hacer que las que ya existen se cumplan con eficacia”. — Dip. Abigaíl Arredondo Ramos.
Unidades de operación especial y el impacto en la canasta básica
La diputada federal alertó que prohibir por decreto legislativo los camiones articulados duplicaría de forma inmediata el número de tractocamiones unitarios en circulación sobre carreteras saturadas como la México-Querétaro, agravando los cuellos de botella logísticos y encareciendo el flete de alimentos e insumos industriales. Por ello, la bancada del PRI impulsa catalogar formalmente a estas unidades bajo un régimen de “operación especial”, forzando la certificación obligatoria de operadores mediante licencias especializadas y el uso forzado de sistemas de frenos ABS de última generación.
La rueda de prensa efectuada en la capital queretana congregó a destacados liderazgos y sectores del partido, figurando el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), José Parcero; el dirigente de la CNOP, Manuel Montes; el presidente del Instituto de la Revolución de los Nueve (IRH), Pablo Meré; el líder de Movimiento Territorial, René Mejía Montoya; y el secretario de Operación Política, Gilberto Pedraza. El bloque de representación civil acordó turnar este paquete de reformas a las comisiones de Transportes y Movilidad de San Lázaro, exigiendo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) retome el control técnico de los derechos de vía para proteger la integridad de los automovilistas.


