La política energética del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, estaría a punto de enfrentar una nueva oleada de recursos legales provenientes de diversas organizaciones que buscan detenerla, a través de la vía judicial, por considerar que deja de lado los objetivos ambientales fijados por el propio gobierno federal.
Greenpeace, una organización civil internacional que vela contra las prácticas depredadoras del medio ambiente en el mundo, consiguió un nuevo fallo judicial favorable, ahora contra el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, publicado meses atrás por la Secretaría de Energía (Sener).
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó a la organización la suspensión definitiva contra ciertos objetivos, estrategias y acciones establecidos en el programa, por considerar que son contrarios al fomento del uso de energías renovables y la disminución de contaminantes en el sector.
“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa, deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado”, indicó el juzgado en la resolución disponible en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal. “Todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada”.
La medida cautelar forma parte de un proceso de amparo en contra del Programa Sectorial de Energía, el instrumento rector de todos los programas institucionales del sector energético, vinculante para todas las autoridades que tengan injerencia .
La suspensión, otorgada el 21 de septiembre, es aplicable para tres de los objetivos y 19 acciones puntuales del Prosener publicado por la secretaría encabezada por Rocío Nahle, en el Diario Oficial de la Federación, a principios de julio; la cual estará vigente hasta la resolución del juicio de amparo.
La demanda de amparo promovida por Greenpeace fue admitida por el juzgado 8 de septiembre, fecha en el que le otorgó una suspensión provisional. La audiencia principal del juicio está programada para el 3 de noviembre.
Tras lograr esta suspensión definitiva, Greenpeace explicó que, si bien existen objetivos del Prosener con los que concuerda, por ejemplo, aquellos relacionados con la autosuficiencia energética, consideró que esta política debe que estar alienada operativa y presupuestalmente a los objetivos climáticos fijados por el gobierno de México.
“Este programa sectorial persigue fines que en sí mismo no son criticables, incluso algunos son loables. . . pero los medios que se han empleado son totalmente equivocados”, dijo Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace México, en una conferencia con medios. “Se está olvidando que nuestra constitución establece mandatos para una transición energética que apueste a las fuentes renovables de energía, que disminuya la contaminación en todo el sector energético y que sobretodo permita el acceso directo a las personas a fuentes de energía renovable”.
Con este juicio de amparo, Greenpeace cuestiona, a partir del Prosener, un presunto desvío de recursos en el presupuesto 2021 que deberían estar destinados a acciones de mitigación ambiental, pero que estarían enfocados al impulso de fuentes fósiles como el gas natural, a través de proyectos de transporte y almacenamiento; algo que con la medida cautelar quedaría suspendido.
El amparo también busca acotar la definición entre energías limpias y renovables plasmado en la ley; ya que el concepto de energías limpias puede incluir fuentes de generación que no son consideradas tan amigables medioambientalmente como la energía nuclear o la cogeneración; mientras que el concepto de energía renovable considera fuentes que son más favorables al medio ambiente como la geotérmica, biomasa, solar, eólica o pequeñas hidroeléctricas.
Este sería un nuevo revés judicial contra el gobierno federal luego de las medidas cautelares definitivas otorgadas por el poder judicial a Greenpeace y a otras organizaciones ambientalistas en contra del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), hace unos meses, al considerar que atentan contra el uso de energías renovables para la generación de electricidad.
El recurso promovido por Greenpeace es, además, la continuación de la agenda climática que las organizaciones ambientalistas impulsan en tribunales ante la falta de diálogo y participación con las autoridades federales en la definición de políticas públicas.
“Las instancias judiciales se utilizan cuando vemos que las acciones políticas pasan por encima de los derechos humanos de las personas y van en contravía de los compromisos climáticos que el gobierno ha asumido”, dijo Pablo Ramírez, especialista de energía y cambio climático de Greenpeace México, en la conferencia. “A la sociedad civil se les excluye del ciclo de la política pública y es cuando nosotros tenemos que recurrir a instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos. . . para poder tener interlocución de alguna manera con las autoridades”.
En paralelo a este proceso de amparo contra el Prosener, organizaciones ambientalistas de Baja California Sur, como el Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (CERCA), acompañan otro proceso de amparo contra algunas de las medidas establecidas en el mismo programa para esa entidad federativa, incluidos algunos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de energía estatal, como la instalación de unidades móviles eléctricas en la Central de Combustión Interna de Baja California Sur; la construcción de una central de ciclo combinado proyectada para 2021 y de otra, denominada Baja California Sur VI, para 2022.
Este amparo no logró obtener una suspensión provisional por parte de los juzgados, pero el 30 de septiembre el juez definirá si otorga o no una suspensión definitiva.
Estos procesos judiciales se suman a las demandas de juicios de amparo iniciada por ciudadanos en más de 20 estados de país –de los cuales cuatro han sido admitidos– que son acompañados por la organización Cambio de Ruta, y que exigen la protección del derecho humano a un ambiente sano.
Info: SC