(AP) — El presidente Joe Biden anunció el jueves que cientos de miles de migrantes que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización legal cuando eran menores ahora podrán contar con las prestaciones del Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Esta medida permitirá que los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), iniciado por el entonces presidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.
“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, dijo Biden en un video publicado en su cuenta en Twitter. “Necesitamos darles a los ′dreamers′ las oportunidades y el apoyo que merecen”.
Es probable que la iniciativa genere un rechazo considerable de parte de los mandatarios conservadores de los estados que se han mostrado reacios a ampliar el Medicaid y que critican la respuesta del gobierno de Biden al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos. Si bien el gobierno federal brinda fondos y pautas para el Medicaid, el programa es administrado por los estados.
El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres trajeron a Estados Unidos cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, esos migrantes, conocidos como “dreamers”, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una “presencia legal” en Estados Unidos. Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de Biden intentará cambiar para finales de mes.
La Casa Blanca tomó la decisión en un momento en que el DACA enfrenta cuestionamientos legales y el número de beneficiarios se reduce.
Se estima que 580.000 personas seguían enroladas en el programa a finales del año pasado, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), una cifra inferior a la de años anteriores. Órdenes judiciales actuales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese nuevas solicitudes. El programa lleva años inmerso en impugnaciones jurídicas, y el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.
