Un tribunal de El Salvador condenó el miércoles al expresidente Mauricio Funes a seis años de prisión por evasión de impuestos en el período fiscal de 2014, el último año de su mandato presidencial.

Funes, sobre quien ya pesa una pena de cárcel de 14 años por haber negociado una tregua con las pandillas durante su administración, enfrentaba una acusación de la Fiscalía por no haber declarado en ese año una renta de 271.857,49 dólares. Al no hacerlo evadió el pago de 85.157,25 dólares.

El fallo del tribunal de San Salvador dictó una pena de seis años “por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión”, según indicó, aunque el Ministerio Público había pedido la penalidad máxima: de ocho años de prisión.

El Tribunal también lo condenó a pagar 200.449,52 dólares en concepto de responsabilidad civil, un monto que incluía multa e intereses, como había pedido la Fiscalía.

Una pericia financiera contable reveló que Funes evadió impuestos con depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, compra de vehículos, armas y servicios de mantenimiento para estas, ya que no logró justificar el origen legal de los recursos.

La pericia también apuntó que Funes recibió en calidad de donación 80 armas de fuego que fueron declaradas con un valor económico de un dólar, pero tras una auditoría se determinó que su precio ascendía a más de 215.000 dólares.

Según el proceso penal, hubo cuatro notificaciones por parte del Ministerio de Hacienda al expresidente donde le pedían que explicara el origen de los fondos cuestionados, pero Funes no los justificó.

El expresidente, de 64 años, gobernó El Salvador de 2009 a 2014, vive en Nicaragua bajo la protección del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición. No estuvo presente en el juicio que se instaló el martes ni nombró abogado defensor, pero se le asignó uno de oficio para poder seguir con el proceso en ausencia del acusado, gracias a una reforma penal de septiembre de 2022.

Funes, es en el segundo expresidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014). El anterior fue Tony Saca, que gobernó de 2004 a 2009 y que en septiembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado.