El gobierno de El Salvador adelantó que mantendrá en 2023 su estrategia de régimen de excepción, con sucesivas prórrogas, para combatir a las maras o pandillas que hay en el país centroamericano. Las autoridades amparan esa decisión en las cifras a la baja de homicidios.

“Vamos a pedir nuevas prorrogas del régimen de excepción, aunque a unos pocos les incomoda”, advirtió el miércoles el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. “El régimen representa la presencia del Estado en las comunidades que sienten la protección”, destacó.

El funcionario indicó que 2022 se cerró con un registro de 495 homicidios, asegurando que es la cifra más baja de las últimas décadas. No obstante, las cifras oficiales hasta el 26 de diciembre de 2022 registraban un recuento mayor -609 homicidios – al que fue comunicado el miércoles.

El ministro destacó que el 65% fueron cometidos durante los tres primeros meses del año, cuando no había régimen de excepción. El 35% restante fueron perpetrados en los nueve meses posteriores a que el presidente Nayib Bukele decretara en marzo un estado de excepción -que ha sido prorrogado en nueve ocasiones- como respuesta a un 26 de marzo especialmente sangriento que registró 62 asesinatos en un día.

El Congreso aprobó el 14 de diciembre de 2022 la novena prórroga del régimen que estará vigente hasta el 16 de enero.

La política represiva contras las pandillas ha sido duramente cuestionada y criticada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por violaciones y abuso a los derechos humanos.

Los detenidos por estar relacionados con las pandillas perdieron el derecho a ser informados del motivo de su detención, a ser asistidos por un abogado y el plazo de detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días. También se suspendió el derecho de asociación y se permitió a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes se consideran sospechosos.

De hecho, la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó en diciembre a The Associated Press que 2.100 personas han sido liberadas durante el régimen de excepción por no tener vínculos con las bandas criminales. Para enero se espera un plan de verificación sobre la situación de los presos en las cárceles, que tendrá el acompañamiento de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según las cifras oficiales, El Salvador registró una tasa homicida de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022. Esa estadística tampoco coincide con la oficial ofrecida al 26 de diciembre, que hablaba de una tasa del 9,9 por cada 100.000 habitantes, tal como recogió AP.

En 2015 el país centroamericano, en ese momento considerado uno de los países más violentos del mundo, registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

La política de mano dura, avalada jurídicamente por el régimen de excepción, implicó la movilización de fuerzas de seguridad, entre policías y militares, para cercar comunidades que era consideradas tradicionales bastiones de las pandillas. Los uniformados fueron de casa en casa sacando a los presuntos delincuentes.

Desde hace un mes, más de 10.000 efectivos de la fuerza armada y de la policía, apoyados por fuerzas elites de seguridad, mantienen completamente cerrado el municipio de Soyapango, el tercero más populoso del país. Han detenido a más de 700 personas a las que las autoridades relacionan con las pandillas, ya sea como miembros o como colaboradores.

Y desde el 24 de diciembre, más de un millar de militares y más de un centenar de agentes de la unidad antinarcóticos de la policía, mantienen cercadas dos de las comunidades más pobladas de la capital, a las que atribuyen actividades de narcomenudeo.

“Mantenemos cercos en Soyapango, La Granjita y La Tutunichapa, desde que se inició teníamos claro el número de personas (a capturar) y sus fichas. Vamos a garantizar que estos terroristas no vuelvan a nuestras comunidades, que no salgan caminando nunca de los centros penales”, defendió Villatoro.