EU acusa al gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios mexicanos por presunto narcotráfico
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve actuales y exfuncionarios mexicanos, fueron acusados formalmente en una corte federal de Nueva York por presuntos vínculos con actividades del narcotráfico relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la acusación sostiene que los señalados habrían colaborado con la organización criminal facilitando operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de participar presuntamente en esquemas de protección institucional y acceso a armamento.
Junto al mandatario sinaloense aparecen en la causa penal los nombres de Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
Según la fiscalía estadounidense, varios de los imputados ocuparon cargos estratégicos dentro de estructuras de gobierno y seguridad pública, lo que habría permitido —según la acusación— brindar respaldo al grupo criminal durante distintos periodos.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, también se le imputan cargos por el presunto secuestro de una fuente colaboradora de la DEA y de un familiar, hechos que habrían derivado en la muerte de ambas personas, según el expediente judicial.
El caso quedó radicado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo conocimiento de la jueza Katherine Polk Failla.
Hasta el momento, ni el gobierno federal mexicano ni la administración estatal de Sinaloa habían emitido una postura oficial sobre los señalamientos.
La acusación representa uno de los señalamientos judiciales más graves realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos en activo, al involucrar directamente a un gobernador constitucional y a figuras ligadas al aparato de seguridad pública.
