La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense contra funcionarios de Sinaloa. La dependencia advirtió que la solicitud carece de pruebas contundentes y recordó que senadores y gobernadores gozan de inmunidad procesal.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de procuración de justicia enfrenta un nuevo episodio de tensión. Tras el anuncio de las autoridades estadounidenses sobre procesos penales contra funcionarios sinaloenses, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó formalmente a la FGR las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, activando los protocolos del Tratado Bilateral en la materia.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República informó que ha iniciado un análisis exhaustivo de la documentación recibida. La institución fue enfática al señalar que la solicitud de Estados Unidos no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes. Asimismo, la FGR iniciará una investigación propia para determinar si existe fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión ante jueces mexicanos.
El caso toca fibras sensibles de la soberanía nacional y el Estado de Derecho. La FGR recordó que, bajo la legislación mexicana, los gobernadores y senadores poseen inmunidad procesal (fuero), lo que implica que, antes de cualquier acción penal, se requeriría iniciar un juicio de procedencia en el Congreso. Además, la Fiscalía criticó que la información fuera divulgada públicamente por autoridades de EE. UU., contraviniendo la naturaleza confidencial y reservada que dicta la Convención de Viena.
La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR continuará con el estudio de viabilidad de la solicitud. Para que la extradición proceda, las pruebas deben ser suficientes bajo las leyes de México, no solo bajo las del país requirente. El proceso se anticipa largo y complejo, supeditado a la presentación de pruebas adicionales por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y al respeto estricto de las garantías constitucionales de los señalados.
