Familias demandan a Trump por restricciones de Medicaid
Cuatro familias de New Hampshire acudieron a una corte federal para impedir que una nueva regla de la administración de Donald Trump retire fondos de Medicaid para bloqueadores de pubertad y terapia hormonal. La medida entrará en vigor el 13 de octubre si no es frenada judicialmente.
Cuatro menores de New Hampshire, de entre 11 y 15 años, y sus familias demandaron este jueves a la administración del presidente Donald Trump para intentar frenar una nueva regla federal que restringirá el financiamiento de Medicaid para determinados tratamientos de afirmación de género.
La demanda sostiene que la política viola derechos constitucionales y que fue adoptada de manera arbitraria, además de exceder la autoridad del Gobierno federal sobre la administración de Medicaid.
Los cuatro menores aparecen bajo seudónimos para proteger su información médica y, de acuerdo con la demanda, habían sido diagnosticados con disforia de género antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones.
Regla entra en vigor el 13 de octubre
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, CMS, aprobaron en agosto una regla final que dejará de utilizar fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños, CHIP, para determinados tratamientos relacionados con transición de género en menores y jóvenes.
La medida está programada para entrar en vigor el 13 de octubre de 2026.
La regla incluye:
- Bloqueadores de la pubertad.
- Terapia hormonal.
- Determinados procedimientos quirúrgicos.
CMS señaló que la medida se limita al financiamiento federal de Medicaid y CHIP y no afecta la cobertura de servicios de salud mental.
Demanda se concentra en medicamentos
El litigio presentado por las familias de New Hampshire cuestiona específicamente la pérdida de cobertura para bloqueadores de pubertad y terapia hormonal.
Los demandantes no están solicitando procedimientos quirúrgicos, de acuerdo con sus abogados.
Las familias sostienen que suspender la cobertura durante tratamientos que ya habían iniciado podría obligarlas a pagar los medicamentos por cuenta propia o interrumpir la atención.
Sus representantes legales solicitaron al tribunal intervenir antes de que la regla comience a aplicarse.
Habrá periodo de transición para hormonas
La regla federal contempla un periodo de hasta seis meses para reducir gradualmente determinados tratamientos hormonales que ya reciben algunos pacientes.
CMS señaló que durante ese periodo podrá mantenerse financiamiento federal para facilitar la transición antes de que entre plenamente en operación la restricción.
La agencia sostiene que la política responde a preocupaciones sobre evidencia clínica, riesgos a largo plazo y el uso de recursos públicos.
Organizaciones médicas y grupos defensores de los derechos de personas trans mantienen posiciones distintas sobre esas conclusiones y han cuestionado las restricciones federales.
Trump ha endurecido política sobre atención de género
La medida forma parte de una serie de acciones adoptadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca para restringir tratamientos de transición de género en menores.
El Gobierno federal sostiene que determinados procedimientos no cuentan con evidencia suficiente para justificar su financiamiento mediante programas públicos.
CMS ha citado revisiones internacionales, incluido el informe Cass del Reino Unido, y restricciones adoptadas en otras jurisdicciones.
Los demandantes, por su parte, sostienen que las decisiones médicas deben permanecer entre pacientes, familias y profesionales de salud y que la administración está utilizando el financiamiento federal para imponer una política nacional.
Veintidós estados ya demandaron
El litigio de las familias de New Hampshire no es el único.
Una coalición de 22 estados, encabezada entre otros por Massachusetts, presentó el 2 de septiembre una demanda contra la misma regla.
Los estados argumentan que el Gobierno federal está interfiriendo con facultades que históricamente han tenido para diseñar y administrar sus programas de Medicaid y CHIP.
La demanda sostiene que la administración Trump carece de autorización del Congreso para imponer esa prohibición de financiamiento.
Más de 73 millones dependen de Medicaid
Medicaid proporciona cobertura médica a más de 73 millones de personas en Estados Unidos, principalmente familias de bajos ingresos, menores, personas con discapacidad y otros grupos elegibles.
El impacto de la nueva regla será distinto entre estados porque Medicaid funciona mediante un esquema conjunto de financiamiento federal y estatal.
Algunas entidades ya han anunciado que buscarán utilizar recursos propios para mantener determinados tratamientos aunque desaparezca el financiamiento federal.
New Hampshire ya restringía estos tratamientos
El caso tiene una particularidad adicional.
New Hampshire aprobó previamente una legislación estatal que desde el 1 de enero de 2026 impide iniciar bloqueadores de pubertad y terapia hormonal en menores cuando se administran con fines de transición de género.
La ley permite continuar los tratamientos que hubieran comenzado antes de esa fecha.
Por ello, los menores que participan en la demanda federal forman parte del grupo que podía continuar recibiendo tratamiento bajo la excepción estatal, pero ahora podría perder el financiamiento de Medicaid.
New Hampshire también restringe cirugías
El estado ya había prohibido determinadas cirugías de transición de género en menores desde 2025.
La legislación contempla excepciones para tratamientos relacionados con malformaciones, enfermedades, lesiones y trastornos del desarrollo sexual.
La nueva disputa no se concentra en esas cirugías, sino en el acceso a medicamentos para pacientes que ya se encontraban bajo tratamiento.
El debate también es sobre autoridad de los estados
Más allá del tratamiento médico, los litigios plantean una disputa constitucional y administrativa.
Los estados demandantes argumentan que Medicaid fue diseñado como un programa conjunto en el que cada entidad conserva capacidad para determinar coberturas adicionales dentro de ciertos límites.
La administración Trump sostiene, en cambio, que el Gobierno federal puede establecer condiciones sobre cómo se utilizan los recursos federales.
Los tribunales deberán determinar hasta dónde alcanza esa autoridad.
