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Sancionó EEUU a más de una decena de funcionarios, fiscales y jueces centroamericanos

Sancionó Estados Unidos el jueves a más de una decena de funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador

Sancionó Estados Unidos el jueves a más de una decena de funcionarios, fiscales, jueces y empresarios de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador por considerar que han socavado la democracia de sus países y han participado en hechos graves de corrupción.

Entre los penalizados aparecen tres fiscales de Guatemala a los que Washington denuncia por haber liderado una investigación políticamente motivada para poner en duda los resultados de los últimos comicios presidenciales y obstaculizar la transición presidencial del ganador, Bernardo Arévalo.

Todos los señalados fueron incluidos en una lista de extranjeros que no califican para obtener visas y son inadmisibles para ingresar a este país, o cuyas visas o documentos de entrada a Estados Unidos serán revocados o cancelados en caso de que hayan sido emitidos con anterioridad.

Estados Unidos intenta frenar la migración de cientos de miles de personas que huyen desde Centroamérica hacia el norte

El anuncio tuvo lugar en momentos en que Estados Unidos intenta frenar la migración de cientos de miles de personas que huyen desde Centroamérica hacia el norte. Desde que asumió en el poder, el presidente Joe Biden ha expresado que la corrupción es una de las principales causas de inestabilidad en la región y que, junto a la pobreza y la inseguridad, impulsa la salida de personas en busca de mejores oportunidades en el extranjero.

Se trata de cuatro nicaragüenses, cuatro guatemaltecos, tres hondureños y tres salvadoreños, que se unen así a un grupo de unos 50 que conforman la lista.

Entre los sancionados de Guatemala aparecen los actuales fiscales Leonor Eugenia Morales Lazo, Pedro Hernández González y Noe Rivera Vásquez, y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Silvia Patricia Valdés Quezada.

A los dos primeros, les atribuye acciones para frenar la transición de poder prevista para el próximo 14 de enero y en el caso de Rivera y de la magistrada Valdés, con corrupción en el sistema de justicia.

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