Texas ha movido una barrera de boyas en el río Bravo más cerca de territorio estadounidense en un momento en que los gobiernos de Estados Unidos y México protestan contra la medida autorizada por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, para evitar que los migrantes ingresen al país.

El reposicionamiento de la barrera se realizó un día antes de que se lleve a cabo una audiencia en la que podría decidirse si las boyas se quedan o no. Texas comenzó a instalar las enormes boyas de color anaranjado sobre el Rio Grande —el nombre del río en Estados Unidos— el mes pasado, y el Departamento de Justicia no tardó en interponer una demanda contra el estado bajo el argumento de que la barrera podría repercutir en las relaciones con México y representar riesgos humanitarios y ambientales.

Durante una visita el lunes a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, donde se ubican las boyas, Abbott señaló que fueron movidas “por exceso de cautela” luego de lo que dijo fueron acusaciones de que se habían desplazado hacia el lado mexicano del río.

“No sé si sean ciertas o no”, dijo el gobernador.

De momento se desconoce cuándo es que el juez federal David Ezra de Austin podría emitir un veredicto con respecto a la barrera.

En tanto, la extensa misión fronteriza de Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria, sigue enfrentando varias impugnaciones legales, incluida una nueva presentada el lunes por cuatro migrantes que fueron arrestados por agentes policiales estatales después de cruzar la frontera.

Los cuatro hombres, entre los que están un padre y su hijo, son algunos de los miles de migrantes que han sido detenidos en Texas desde 2021 por cargos estatales de invasión ilegal. La mayoría de los casos han sido desestimados o han llegado a acuerdos de culpabilidad a cambio del tiempo pasado en prisión. Pero los cuatro hombres siguieron encarcelados en Texas de dos a seis semanas después de que debían ser liberados, según la denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) de Texas y el Proyecto de Defensa Justa de Texas, un organismo sin fines de lucro que pugna por la aplicación imparcial de la ley en el sistema penal.

En lugar de que un departamento de policía de Texas permitiera que la prisión pusiera en libertad a los hombres, la demanda asegura que fueron trasladados a instalaciones federales de inmigración, desde donde fueron enviados a México posteriormente.

“Pienso que un punto clave en todo esto, el cual es difícil de comprender, es también que, como están desarrollando el sistema sobre la marcha, los problemas surgen de distintas formas”, dijo David Donatti, un abogado de la ACLU de Texas.

Representantes de los condados Kinney y Val Verde, a los cuales se nombra en la demanda y se han aliado con la operación de Abbott, no respondieron de inmediato el lunes a correos electrónicos solicitándoles sus comentarios.

La demanda también alega que hubo al menos otras 80 personas que estuvieron detenidas más tiempo de lo que lo permite la ley estatal entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

Abbott estuvo acompañado en la frontera por los gobernadores de Iowa, Oklahoma, Nebraska y Dakota del Sur, todos ellos republicanos que han enviado a la frontera a agentes armados y miembros de la Guardia Nacional de sus estados.