La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para detener provisionalmente a diez ciudadanos mexicanos no cuenta con pruebas sólidas ni fundamentos que acrediten la urgencia de la medida. La institución solicitó a la Cancillería requerir mayor información que garantice la confidencialidad y el debido proceso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la FGR una petición de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York para aplicar una medida cautelar de detención provisional con fines de extradición internacional contra diez mexicanos. La FGR aclaró que este paso es una restricción a los derechos humanos y no constituye aún un procedimiento de extradición formal, por lo que requiere un sustento jurídico riguroso basado en el Tratado de Extradición Bilateral y la Ley de Extradición Internacional.
Tras ser examinada por el área de asuntos internacionales, la FGR determinó que el pedimento de las autoridades estadounidenses presenta las siguientes deficiencias:
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Falta de urgencia: No se incluyeron motivos, fundamentos ni evidencias que justifiquen por qué la detención debe ser inmediata.
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Ausencia de pruebas: En esta primera instancia, no se anexaron pruebas que acrediten la comisión de los presuntos delitos.
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Riesgo al debido proceso: La difusión pública de la información base de la solicitud compromete la legalidad del procedimiento.
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Soberanía y legalidad: La Fiscalía enfatizó que el objetivo de la medida es evitar la sustracción de la justicia, pero debe acreditarse “más allá de toda duda razonable”.
La postura de la FGR reafirma la soberanía jurídica de México al exigir que cualquier solicitud internacional cumpla estrictamente con la normatividad nacional y el paradigma del Estado constitucional. Al señalar que “nada ni nadie está por encima de la ley”, la Fiscalía advierte que no otorgará medidas cautelares que restrinjan derechos humanos sin fundamentos sólidos encuadrables en la legislación vigente.
La FGR enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar al gobierno de los Estados Unidos todas las pruebas, informes y documentos necesarios a través de vías que garanticen la confidencialidad. Una vez recibida y analizada la documentación completa, la Fiscalía fijará una posición institucional definitiva. Paralelamente, la FGR mantiene investigaciones propias sobre los hechos referidos que presuntamente ocurrieron en territorio nacional.
