El uso del litigio estratégico como freno a los megaproyectos energéticos, la fiscalización civil a las declaraciones de los mandatarios estatales y la protección de los santuarios marinos en el noroeste del país marcan la agenda del derecho ambiental. Un frente de más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, colectivos climáticos y defensores de los derechos humanos manifestaron su profunda preocupación ante las afirmaciones públicas del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró que el complejo de exportación AMIGO GNL ya cuenta con “todos los permisos” para arrancar operaciones. Las organizaciones exhibieron que el megaproyecto arrastra un severo bloqueo judicial derivado de una suspensión definitiva en los tribunales federales, contradiciendo la narrativa oficial en este 2026.
La suspensión del juzgado federal y el informe vinculante de la ASEA
La controversia jurídica tomó tracción el pasado 8 de junio, cuando un juzgado federal de distrito otorgó una medida cautelar definitiva dentro de un juicio de amparo promovido de manera conjunta por las organizaciones Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19. El mandato constitucional ordena explícitamente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) —órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat— abstenerse de emitir o firmar cualquier resolutivo en materia de impacto ambiental relacionado con AMIGO GNL hasta que los magistrados dictaminen una sentencia sobre el fondo del litigio.
El bloque civil denunció una grave discrepancia institucional, fundamentada en los siguientes criterios procesales:
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Informes falsos u omisiones: La ASEA reconoció formalmente ante el Poder Judicial de la Federación, bajo protesta de decir verdad, que la manifestación de impacto ambiental del complejo no ha sido autorizada ni liberada.
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Violación a derechos de acceso: El amparo evalúa si el gobierno federal violentó el derecho humano a la información pública y la consulta comunitaria previa durante las fases iniciales de diseño técnico de la planta de licuefacción.
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Falta de viabilidad técnica: Al carecer del resolutivo de impacto ambiental de la ASEA, resulta jurídicamente imposible que la empresa constructora despliegue obras civiles pesadas sin incurrir en un delito de carácter federal.
Estatus Legal y Riesgos Evaluados del Proyecto AMIGO GNL (2026)
Las ONG ambientales articulan defensas jurídicas para impedir la degradación biológica de los litorales del Noroeste:
| Componente Técnico / Legal | Estatus en los Tribunales Federales | Amenaza Ambiental Identificada |
| Estatus del Resolutivo Ambiental | Congelado por Suspensión Definitiva | Incremento crítico en el tráfico de buques metaneros |
| Promotores del Juicio de Amparo | Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19 | Contaminación acústica y ruido submarino en el acuífero |
| Región en Alerta Ecológica | Mar de Cortés / Golfo de California | Alteración de rutas migratorias de mamíferos marinos |
| Mecanismo de Mitigación Exigido | Cumplimiento estricto del Acuerdo de Escazú | Dragados masivos de litorales y vertido de biocidas |
“Las declaraciones del gobernador Durazo son incompatibles con la información proporcionada por la propia ASEA ante el Poder Judicial, donde manifestó que la autorización de impacto ambiental no ha sido emitida. Esta contradicción genera incertidumbre. Sostener que cuenta con todos los permisos es incorrecto cuando existe una medida cautelar vigente”. — Pronunciamiento conjunto de las Organizaciones Firmantes.
Alerta ecológica en el Golfo de California: El frente de las ONG
El rechazo unificado al proyecto AMIGO GNL radica en los severos impactos ambientales proyectados para el Golfo de California, catalogado internacionalmente como una de las regiones marinas más biodiversas y vulnerables del planeta. La infraestructura terrestre y marítima orientada a la exportación de gas natural licuado hacia los mercados asiáticos implicaría un aumento exponencial en el tránsito de buques metaneros de gran calado. Los especialistas de las ONG advierten que estas operaciones detonarían niveles nocivos de ruido submarino, requerirían dragados destructivos en canales de navegación, liberarían biocidas químicos en el agua y pondrían en riesgo de colisión a ballenas y especies residentes.
El documento de exigencia legal fue respaldado y firmado por un bloque de gran calado civil que incluye a Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), CartoCrítica, Conexiones Climáticas, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, CERCA y Nado por las Ballenas, entre otras. Las agrupaciones hicieron un enérgico llamado a los tres niveles de gobierno para que se abstengan de emitir propaganda que induzca a la confusión sobre la legalidad de la obra. Subrayaron que la defensa del “Acuario del Mundo” continuará firme en los tribunales, supeditando el futuro del sector de hidrocarburos en Sonora al escrutinio constitucional y al respeto irrestricto de los tratados internacionales de transparencia ambiental.
