El entramado de control y vigilancia interna del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) comienza a ejercer sus facultades bajo el nuevo diseño institucional. En el marco de su reciente Sesión Ordinaria, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) revocó, por mayoría de votos, un acuerdo restrictivo que había sido emitido por la entonces Comisión de Disciplina del extinto Consejo de la Judicatura local. Con esta resolución, el órgano disciplinario ordenó turnar de forma inmediata el expediente al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas para esclarecer las omisiones cometidas en un juzgado civil de la capital.
Transición procesal y extravío de documentos hipotecarios
El fondo del litigio administrativo se originó a partir de una queja ciudadana interpuesta en mayo de 2025. El promovente denunció formalmente el presunto extravío de los documentos base de la acción dentro de un juicio hipotecario. Esta pérdida material ocurrió durante la fase de extinción y fusión de diversos órganos jurisdiccionales, un proceso derivado de la obligatoria implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la estructura del PJCDMX.
La controversia escaló debido a los criterios rigoristas empleados por la antigua Comisión de Disciplina:
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La prevención formal: Al recibir la queja del ciudadano, la comisión lo previno exigiéndole que identificara con precisión los nombres y cargos de los servidores públicos responsables de resguardar el expediente.
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El desechamiento original: Debido a que el usuario no pudo proporcionar las identidades exactas del personal administrativo, el Consejo de la Judicatura tuvo la queja por no interpuesta, cerrando el caso.
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El viraje pro persona: La magistrada Nahyeli Ortíz Quintero, titular de la Ponencia 5, argumentó que congelar la queja bajo esos términos constituía una violación flagrante al principio de acceso a la justicia. Ortíz determinó que la carga de investigar qué funcionario perdió los papeles le corresponde al Estado y no al ciudadano afectado.
“Es obligación del Estado investigar. Uno de los objetivos primordiales del Tribunal de Disciplina Judicial es alcanzar el acceso a la justicia con un estricto equilibrio procesal, en el que se garanticen los Derechos Humanos de ambas partes”. — Ixchel Saraí Álzaga Alcántara, Magistrada del TDJ.
Debate en el Pleno: Votos particulares y concurrentes
El dictamen de revocación provocó un intenso debate técnico entre las magistraturas del TDJ con respecto a los límites de las formalidades de la ley. El magistrado presidente del tribunal, Nicolás Jerónimo Alejo, respaldó el envío del caso al área de investigación pero emitió un voto concurrente, apartándose de los argumentos de la ponencia al considerar que la resolución original del extinto Consejo no había vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. En el mismo sentido concurrió la magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena, quien manifestó desacuerdo con la interpretación normativa del artículo Sexto Transitorio de la Ley Orgánica presentada por la ponente.
Por el contrario, el magistrado Diego Armando Guerrero García formuló el único voto en contra del proyecto. Guerrero García sostuvo que existió una aplicación laxa e indebida del principio pro persona. Subrayó que los requisitos de forma exigidos legalmente para interponer una queja no representan un obstáculo al acceso a la justicia, sino que configuran las condiciones procesales mínimas obligatorias para ejercer dicho derecho.
Finalmente, tras el escrutinio de los posicionamientos, el presidente Jerónimo Alejo declaró aprobado por mayoría de votos el recurso de inconformidad. El Pleno ordenó a la Secretaría General notificar formalmente la resolución al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas para iniciar las diligencias periciales e identificar la cadena de custodia del expediente extraviado. El debate constitucional, desarrollado en el auditorio Benito Juárez, contó con la asistencia de académicos y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y fue difundido en tiempo real a través del canal digital de YouTube institucional.
