La Suprema Corte de Justicia inició el lunes la primera jornada de debate sobre si debe mantenerse o no la prisión preventiva de oficio en México, una política contraria a los tratados internacionales y que, según algunos magistrados, sólo debe utilizarse en casos “excepcionales” previa justificación para evitar que los sospechosos evadan la justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, gran defensor de esta medida, ha acusado a los jueces de violar la separación de poderes porque, en su opinión, el tema debe decidirlo el parlamento y no los tribunales.

“Si se cancela el artículo, es una invasión abierta a la facultad del poder legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes”, señaló el lunes el mandatario justo antes de que se iniciara la sesión en el alto tribunal. “No creo yo que (los magistrados) se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución”.

En México existen dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o autómatica y la justificada, que es cuando el fiscal la solicita a un juez por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.

La que está en debate es la primera porque diversos organismos internacionales, incluida las Naciones Unidas, consideran que determinar de forma automática la prisión preventiva de una persona va contra sus derechos humanos y que sólo debe aplicarse esta medida cuando haya evidencias de que esa persona pueda suponer un peligro o fugarse.

Los sospechosos acusados de crímenes violentos rara vez son liberados bajo fianza en cualquier parte del mundo. Pero en México, López Obrador amplió a 16 la lista los delitos que permiten la prisión preventiva de oficio mientras el sospechoso espera su juicio, entre ellos abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales.

El tema tiene tantos detractores como defensores en un México sumido en la violencia vinculada al crimen organizado.

Según el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, es “uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de las personas”. Por ello, justo antes de iniciar el debate, indicó en su cuenta de Twitter que lo analizarían “con independencia y plena responsabilidad”.

A primera hora de la tarde, el debate se interrumpió para retomarlo el martes.

Luis María Aguilar, uno de los magistrados de la Corte, argumentó que la prisión preventiva equivale a una sentencia ejecutada de antemano y señaló que algunos cargos conllevaban sentencias de apenas unos meses, mucho menos que el tiempo que la mayoría de las personas pasan en espera de juicio.

Pero otros jueces no estuvieron de acuerdo, con el argumento de que el alto tribunal no tiene autoridad para declarar inconstitucional un artículo de la Constitución basándose en la supremacía de los tratados internacionales.

Las intervenciones del lunes hacen prever que no haya suficientes votos para declarar la práctica inconstitucional. Pero el tribunal aún debe atender un amparo por el mismo tema que tendría un alcance más limitado porque beneficiaría sólo a quien lo puso.

El asunto de la prisión preventiva es especialmente delicado en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declaradas culpables. Esto significa que, de los 92.000 sospechosos que se calcula que están detenidos en espera de juicio -a menudo en las mismas celdas que peligrosos criminales -, unos 75.000 no serán condenados, aunque pasarán años en prisión.

El sistema provoca paradojas como el hecho de que, recientemente, dos hombres hayan sido liberados con tobilleras electrónicas después de pasar 17 años en prisión justo cuando fueron declarados culpables de asesinato y están presentando sus apelaciones.

Los activistas afirman que un número cada vez mayor de mexicanos se ven obligados a hacer acuerdos de culpabilidad simplemente porque es probable que pasen más tiempo en una celda tratando de limpiar sus nombres de lo que lo harían si fueran condenados.

López Obrador argumenta que eliminar la prisión preventiva crearía presiones o amenazas adicionales contra los jueces para que acepten sobornos a cambio de liberar a los sospechosos, y crearía un sistema de justicia de “puertas giratorias” en el que los sospechosos podrían salir de la cárcel tan pronto como fueran detenidos.

Otro de los debates de activistas es si México debe encerrar a personas durante años sólo por decisión de la policía cuando las fuerzas policiales del país no son conocidas por sus sofisticadas técnicas de investigación y a menudo mantienen a los sospechosos encerrados bajo la más mínima sospecha mientras intentan construir casos contra ellos.

En pleno debate sobre el tema, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió un comunicado en el que exhortó “urgentemente” a México a anular la prisión preventiva obligatoria que se incluyó en la constitución del país y recordó que viola normas internacionales.

Según Miriam Estrada-Castillo, presidenta del grupo, una de sus más serias consecuencias “ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”, lo que contribuye al hacinamiento carcelario.

Además, indicó que la medida es contraria a la independencia judicial, al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención y pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o malos tratos.

México no dispone de fianzas en efectivo ni de propiedades como Estados Unidos. En cambio, para aquellos que son liberados antes del juicio, hay más de una docena de mecanismos destinados a garantizar que se presenten ante el tribunal, los cuales van desde dispositivos de vigilancia electrónica, hasta la confiscación de pasaportes y controles periódicos.

Chrístel Rosales, de México Evalúa —una ONG que vigila políticas oficiales— dice que esas medidas han demostrado tener un 90% de efectividad a la hora de asegurar que las personas se presenten a juicio y evitan el coste y los daños emocionales de mantener a alguien en prisión.

Agregó que la población carcelaria de México ha aumentado alrededor del 30% desde que López Obrador amplió el número de delitos susceptibles de conllevar prisión preventiva de oficio en 2019.