El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, con 17 votos a favor y seis en contra, reformas al artículo 122 BIS de la Constitución local para modificar los requisitos que deberá cumplir la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
La reforma fue respaldada por las bancadas del PVEM, PT, PAN y PRI, mientras que Morena y Nueva Alianza votaron en contra.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar el requisito de ser potosino o potosina por nacimiento. La nueva disposición establece que quien aspire al cargo deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años, contar con título y cédula profesional de Derecho con una antigüedad mínima de cinco años y acreditar experiencia profesional relacionada con el ámbito jurídico.
También se establecen restricciones para personas con sentencias firmes por delitos de violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o contra la libertad sexual, así como para quienes tengan sanciones administrativas graves o se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Entre los requisitos también se contempla haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a la designación y acreditar al menos cinco años de trayectoria profesional en áreas como procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
La reforma incluye además un artículo transitorio para garantizar la continuidad de la actual titular de la Fiscalía, María Manuela García Cázares, quien continuará en el cargo bajo las condiciones establecidas al momento de su nombramiento.
Durante la discusión, el diputado de Morena Luis Emilio Rosas Montiel manifestó su rechazo al dictamen y cuestionó que la reforma haya sido presentada y aprobada en comisión en un periodo corto.
El legislador señaló que no se explicó suficientemente la reducción del requisito de residencia de cinco a dos años, la ampliación de actividades para acreditar experiencia profesional y la eliminación de referencias expresas a la probidad y honorabilidad.
También advirtió sobre posibles ambigüedades en conceptos relacionados con sanciones administrativas y dirigencias partidistas, además de cuestionar modificaciones realizadas al dictamen durante su proceso legislativo.
La reforma fue aprobada por mayoría y deberá continuar con el procedimiento constitucional correspondiente para su entrada en vigor.
