El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, integrante del grupo legislativo de MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Querétaro. La propuesta busca armonizar el marco legal estatal con las recientes reformas federales en materia de austeridad republicana, estableciendo límites estrictos al gasto público y eliminando prestaciones extraordinarias para funcionarios.
Objetivos de la reforma
La iniciativa tiene como propósito central erradicar estructuras institucionales que generan gastos excesivos e ineficientes. Se alinea con el denominado “Plan B” federal, publicado el pasado 23 de abril de 2026, para asegurar que el diseño institucional de Querétaro responda a criterios de racionalidad presupuestaria y cercanía con la ciudadanía.
Ejes principales de la iniciativa
La propuesta de reforma constitucional contempla cinco puntos fundamentales para la transformación del gasto en el estado:
-
Tope al Presupuesto Legislativo: Limitar el presupuesto anual del Congreso del Estado a un máximo del 0.70% del Presupuesto de Egresos total de la entidad.
-
Control de Remuneraciones: Sujetar los salarios de todos los poderes públicos y organismos autónomos a los límites establecidos en el artículo 127 de la Constitución Federal.
-
Eliminación de Seguros y Cajas: Prohibir prestaciones como seguros médicos privados, seguros de separación individualizado, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro no previstos en la ley.
-
Reducción de Ayuntamientos: Establecer una sola sindicatura por municipio para evitar estructuras sobredimensionadas.
-
Redestinación de Ahorros: Los recursos excedentes generados por estas medidas se destinarán directamente a infraestructura pública y al fortalecimiento de las haciendas municipales.
Hacia una viabilidad operativa
Edgar Inzunza enfatizó que la adecuación de la Constitución local permitirá eliminar privilegios presupuestales y administrativos que han persistido históricamente. No obstante, el legislador reconoció que, para asegurar la viabilidad constitucional de la propuesta, se requerirán ajustes técnicos en la redacción y una sólida justificación presupuestaria durante el proceso legislativo.
Esta iniciativa representa un cambio profundo en la administración del dinero público en Querétaro. De ser aprobada, obligaría a una reingeniería de las finanzas en los tres poderes y los 18 municipios, priorizando la inversión en obra pública sobre el gasto corriente y los beneficios personales de los servidores públicos de alto nivel.
