La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXI Legislatura de Querétaro, la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, ingresó de manera formal ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado. El proyecto busca reestructurar el marco administrativo para asegurar el respeto al debido proceso, los derechos humanos y la perspectiva de género para el personal docente y administrativo de la entidad.
Reglas claras en las medidas precautorias
De acuerdo con la exposición de motivos de la legisladora, si bien los protocolos para atender denuncias en las escuelas se han endurecido para proteger el interés superior de la niñez, se han detectado vacíos legales en los criterios normativos que vulneran al magisterio.
La iniciativa plantea la adición de un capítulo específico en la ley estatal para regular las actas y procedimientos administrativos bajo las siguientes premisas:
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Temporalidad y fundamentación: Las medidas precautorias (como la separación del cargo durante una investigación) deberán estar debidamente justificadas y ser estrictamente temporales. En ningún caso podrán operar como una sanción definitiva adelantada.
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Derechos fundamentales del docente: Se garantiza de forma explícita el derecho de audiencia, el acceso a una defensa adecuada, el derecho a ofrecer pruebas y la protección estricta de sus datos personales.
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Certeza institucional: Eliminar la discrecionalidad y unificar los criterios de actuación de las autoridades escolares ante cualquier queja.
Perspectiva de género y presupuesto cero
La propuesta legislativa introduce además la obligatoriedad de juzgar y conducir todas las indagatorias administrativas con perspectiva de género. Esta adición pretende erradicar prácticas discriminatorias arraigadas y promover una igualdad sustantiva en los entornos laborales de la Secretaría de Educación estatal.
Meza Argaluza aclaró ante el Pleno que esta reforma no representa un retroceso ni debilita los canales de denuncia ciudadana o el cuidado de las y los alumnos en las aulas. Al contrario, argumentó que las reglas claras fortalecen la actuación institucional al dar certidumbre a ambas partes. Asimismo, se precisó que la reforma cuenta con viabilidad financiera inmediata y no genera impacto presupuestal adicional, ya que su cumplimiento requiere únicamente la readecuación técnica de los manuales y protocolos de la estructura administrativa vigente.
