En el marco de las actividades académicas por su 50 aniversario, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) organizó el panel “Extradición contemporánea: eficacia penal y tutela de derechos”. El encuentro, encabezado por los especialistas en derecho penal internacional Javier Dondé Matute y Raúl Iruegas Álvarez, puso sobre la mesa la urgencia de reestructurar los procesos de entrega de personas a otros países bajo el diseño del sistema de justicia actual.
Superar el enfoque administrativo
Los ponentes coincidieron en que el procedimiento de extradición en México no puede seguir siendo visto como un trámite meramente administrativo o político. Con base en las reformas constitucionales de 2008 (sistema penal acusatorio) y 2011 (derechos humanos), el Estado mexicano está obligado a aplicar controles jurisdiccionales estrictos.
El debate se centró en la necesidad de blindar el debido proceso, asegurando que las personas sujetas a reclamos internacionales cuenten con una defensa adecuada y no queden desprotegidas ante convenios bilaterales.
La propuesta: Dividir las facultades del Judicial y el Ejecutivo
Para evitar que las extradiciones respondan a factores ajenos al derecho, los juristas plantearon una delimitación clara de funciones entre los poderes de la Unión:
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Poder Judicial: Debe encargarse de resolver de fondo las solicitudes de extradición mediante una valoración rigurosa de pruebas. Su análisis debe basarse en una interpretación conforme, constitucional y convencional (tratados internacionales).
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Poder Ejecutivo: Su intervención debe limitarse estrictamente a evaluar las consideraciones de política exterior que correspondan a sus atribuciones, respetando la resolución jurídica previa.
Con este foro, el INACIPE consolida cinco décadas de análisis técnico, empujando una visión humanista e institucional en la procuración de justicia y la soberanía jurídica de cara a los retos de la cooperación internacional en 2026.
