La reconfiguración del Mercado Eléctrico Mayorista y la transición hacia un modelo de gobernanza energética basado en la certidumbre jurídica marcan un punto de inflexión en la estrategia industrial de la federación. De acuerdo con un análisis técnico emitido por la firma legal corporativa Santamarina y Steta, la publicación de la tercera convocatoria de la Secretaría de Energía (Sener) para nuevos proyectos de generación y sistemas de almacenamiento de gran escala confirma un viraje hacia la congruencia regulatoria y la reconciliación con el capital privado. Este movimiento institucional es interpretado por los mercados como la aceptación gubernamental de que el Estado requiere de la coinversión para solventar de forma estructural la demanda eléctrica nacional.
Evolución de las convocatorias y el auge del almacenamiento estratégico
Tras años marcados por la incertidumbre jurídica que frenó la inyección de capitales extranjeros en infraestructura de red, el panorama regulatorio muestra una transición secuencial acelerada. Los especialistas en derecho energético de la firma precisaron que la ruta de apertura inició formalmente con la primera convocatoria de 2025 orientada a proyectos privados puros, seguida de un segundo bloque enfocado en esquemas de desarrollo de coinversión mixta.
La tercera convocatoria desplegada en este 2026 busca consolidar ambos mecanismos, introduciendo variables de innovación tecnológica que transformarán la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) bajo las siguientes directrices operativas:
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Almacenamiento como activo central: Las tecnologías de baterías a gran escala dejan de ser consideradas meros complementos de intermitencia renovable para ser tipificadas como infraestructura estratégica con capacidades equiparables a plantas de generación activa.
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Planeación vinculante sistémica: Sustitución del otorgamiento aislado de permisos comerciales por un esquema de autorización unificado, obligando a los nuevos desarrollos a anclarse de forma estricta a las capacidades reales de la Red Nacional de Transmisión.
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Distribución geográfica de carga: Criterio mandatorio de diseño que exige que la generación se autorice exclusivamente en los nodos de alta presión industrial y consumo real, mitigando la saturación de las líneas de distribución.
“Estamos viendo que no es un trámite más. Es, en realidad, una señal política, regulatoria y económica de que el gobierno federal ha entendido una realidad elemental: México no puede atender por sí solo la creciente demanda energética. Necesita inversión privada”. — Elena Ocampo, Experta en Energía de Santamarina y Steta.
Atracción de capital y blindaje ante el nearshoring industrial
El análisis de la consultora legal subraya que la introducción del concepto de “planeación vinculante” resuelve una de las mayores demandas de las cámaras empresariales y desarrolladores internacionales: el establecimiento de reglas claras y estables. Esta metodología garantiza que el crecimiento de la infraestructura eléctrica responda directamente a las necesidades críticas de seguridad nacional y abastecimiento industrial, alejándose de los incentivos puramente especulativos del pasado.
La flexibilización de los modelos de colaboración con el Estado llega en un momento de máxima presión para el aparato energético del país, espoleado por la relocalización de cadenas globales de valor (nearshoring). Santamarina y Steta concluye que dotar al sistema de mayor capacidad de transmisión y robustecerlo con sistemas de almacenamiento no solo blinda la continuidad de las operaciones del sector manufacturero y de alta tecnología, sino que sitúa a México en una posición de mayor competitividad internacional al armonizar el crecimiento económico con la eficiencia y sostenibilidad del recurso hídrico y eléctrico del territorio nacional.
