El despliegue de auditorías de control operativo en las delegaciones regionales, el combate al rezago en las carpetas de investigación de delitos federales y la unificación de las Mesas de Seguridad para la Paz marcan la agenda de la Fiscalía General de la República. La Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, encabezó una gira de fortalecimiento institucional en la delegación de Villahermosa, Tabasco. Con esta inspección de campo, la funcionaria federal alcanza una cobertura superior al 30% de las sedes y subsedes visitadas en toda la República Mexicana durante el presente 2026, consolidando una reingeniería en los métodos de procuración de justicia del fuero federal.
Sinergias con estados y combate al rezago ministerial
La visita a territorio tabasqueño se suma de forma secuencial a los diagnósticos y revisiones técnicas que Godoy Ramos ha ejecutado previamente en entidades federativas con alta incidencia delictiva o dinamismo logístico, tales como Morelos, Coahuila, Puebla, Guerrero, Baja California, Querétaro y la Ciudad de México. El objetivo de estos recorridos, enmarcados en el boletín oficial 414/26, es auditar la infraestructura, el equipamiento tecnológico de los laboratorios periciales y evaluar los índices de judicialización de los Ministerios Públicos Federales.
Durante la sesión de trabajo en el complejo de Villahermosa, la titular de la FGR definió las siguientes directrices para las delegaciones estatales:
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Trayectoria y vocación: Priorizar el ascenso de agentes del Ministerio Público con base en el servicio profesional de carrera, erradicando inercias burocráticas para acelerar la atención ciudadana.
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Inteligencia compartida: Forzar el intercambio de bases de datos biométricos e indicios criminales entre los tres niveles de gobierno para agilizar las órdenes de aprehensión.
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Corresponsabilidad operativa: Partir de la premisa de que ninguna corporación puede abatir de forma aislada la criminalidad organizada, obligando al diseño de objetivos comunes.
Red de Coordinación y Avance de la Gira Institucional de la FGR (2026)
La mesa técnica en Tabasco conjuntó las capacidades de inteligencia civil, militar y naval para neutralizar las rutas logísticas delictivas:
| Indicador Técnico de Gestión | Cobertura de la Supervisión Nacional | Autoridades Civiles Coadyuvantes | Mandos de Apoyo de Seguridad Nacional |
| Comunicado FGR 414/26 | Superior al 30% de las fiscalías federales | Óscar T. Vázquez (FGE) y Yuriria Torres (FGR) | Sedena, Semar y Guardia Nacional |
| Sede de Inspección Actual | Villahermosa, Tabasco | David Boone de la Garza (FECOR) | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
“Coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno consolida una verdadera fuerza del Estado. Ninguna institución puede enfrentar por sí sola los retos en materia de seguridad y procuración de justicia, por lo que resulta indispensable sumar esfuerzos, compartir información y coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno a favor de la población”. — Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República.
Blindaje conjunto con las fuerzas armadas en el sureste
El encuentro de evaluación de la FGR operó de forma paralela con los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Tabasco, contando con la asistencia del secretario técnico de dicha instancia, Germán García Mollinero. En la mesa de debate técnico se analizaron las estrategias de contención de ilícitos de alto impacto, coordinando capacidades con el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza, y el Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.
Asimismo, la Fiscal Federal en la entidad, Yuriria Torres Páez, desglosó los operativos conjuntos con los mandos regionales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con este despliegue de alto nivel en el sureste mexicano, la FGR afianza un esquema de justicia punitiva que busca dotar de elementos de prueba científicos e inobjetables a los jueces de control, garantizando que los esfuerzos institucionales de pacificación se traduzcan de manera fáctica en sentencias condenatorias y certidumbre social.
